Sentencia N° 244 Constitucional TSJ 2000: Carlos Sosa Pietri — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia del Juzgado Superior Décimo que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Sosa Pietri. Se argumenta que la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar dictada por el Juzgado Undécimo recayó sobre bienes de terceros ajenos al juicio, lo que configuró una violación a los derechos constitucionales del accionante a la libertad económica y al debido proceso. La Sala establece que los terceros no pueden oponerse a medidas cautelares que no les afectan directamente, y que el amparo es el único recurso disponible para impugnar tales decisiones.

La sentencia objeto de la presente consulta, declaró con lugar la acción de amparo incoada por el accionante, por considerar que las empresas Constructora 888 C.A., y Construcciones y Promociones 777 C.A. propiedad de éste, eran terceros ajenos al procedimiento que se seguía por simulación de negocios ante el Juzgado de Primera Instancia, y por ende su propietario, carecía de otros medios que sirvieran para oponerse a la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar que dicho juzgado había dictado en fecha 22 de julio de 1999. En este sentido, estimó que se configuró la violación de los derechos constitucionales a la libertad económica y al debido proceso del accionante. A este respecto, es cierta la afirmación realizada por el Juzgador de la Segunda Instancia, según la cual, los terceros ajenos al juicio no pueden oponerse a una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, dado que dicho medio de impugnación sólo puede ser ejercido por aquellos que tienen el carácter de partes, bien sea como demandantes o como demandados. De esta manera, argumentar que las acciones de amparo son inadmisibles por estimar que existen vías judiciales ordinarias que puedan restablecer en forma rápida la situación jurídica infringida de los terceros, implicaría colocarlos en una situación gravosa, ya que el legislador sólo permite a éstos ejercer la tercería, que no es un procedimiento expedito, o apelar de la sentencia firme, más no de aquellas decisiones interlocutorias que se dicten durante el procedimiento.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 09 de septiembre de 1999, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los representantes del ciudadano CARLOS SOSA PIETRI en contra del Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente.