Sentencia N° 2433 Constitucional TSJ 2001: Dessy Alexandra González Lamus vs Corte de Apelaciones del Circuito Judicial…

La abogada Dessy Alexandra González Lamus interpuso una acción de amparo contra la dilación indebida de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, alegando violaciones a los derechos de sus representados. La Sala Constitucional del TSJ analizó la competencia para conocer del asunto y determinó que la acción de amparo era improcedente, ya que la interpretación del artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal por parte de la Corte de Apelaciones no constituyó un abuso de poder ni usurpación de funciones, sino una incorrecta aplicación del derecho. La Sala también observó un retardo procesal en la resolución del recurso de apelación, considerando que la Corte de Apelaciones tardó siete meses en emitir su fallo. A pesar de declarar improcedente la acción de amparo, la Sala ordenó remitir las actuaciones a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial para que se evalúe la situación de dilación en la resolución del asunto. Finalmente, la decisión fue firmada por el Presidente y otros magistrados de la Sala Constitucional, dejando claro que la acción de amparo no puede ser utilizada como una tercera instancia para revisar decisiones judiciales.

De la lectura del escrito contentivo de los alegatos que fundamentan el caso bajo análisis y de los recaudos presentados al tiempo de la interposición del mismo, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia observa que en la presente acción de amparo, la abogada accionante ha señalado como hecho constitutivo de la infracción constitucional, lo que ella considera un error de interpretación del artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, según dice, se equiparó la acusación fiscal a un recurso de impugnación ordinario y se efectuó un cómputo distinto al establecido en dicho artículo, lo que resulta violatorio del debido proceso, de la defensa, de la tutela judicial efectiva y de la libertad. Esta Sala ha establecido, como requisito para que el amparo sea procedente, que el Tribunal presuntamente agraviante haya actuado fuera de su competencia, lo cual ha sido entendido ampliamente por la jurisprudencia, no mediante una interpretación estrictamente procesal del termino “competencia”, sino más bien, como una alusión a conceptos de orden constitucional. En tal sentido, el Tribunal actúa fuera de su competencia cuando incurre en abuso de poder, usurpación de funciones, o cuando dicte resoluciones que lesionen derechos fundamentales. Sólo en tales casos, la acción de amparo sería procedente. Cuando, por lo contrario, lo que se imputa a la sentencia es una aplicación incorrecta del derecho, o un simple vicio formal que no resultare sustancial, la acción de amparo resulta improcedente. En el presente caso, la circunstancia sobre la cual se considera que la sentencia impugnada produjo una violación derechos constitucionales, es el hecho de que en dicho fallo se apreció que el lapso de veinte días concedidos al Fiscal del Ministerio Público para presentar la acusación comenzó a contarse desde el 14 de noviembre de 2000, día de la publicación del texto íntegro de la decisión que preventivamente privó de libertad a los ciudadanos Marcos Aldemar Carrero Zambrano y Alberto Alonso Rodríguez Rivas, y no desde el 3 de noviembre de 2000, momento en el cual la Corte de Apelaciones dictó la parte dispositiva del fallo, por lo que ordenó la privación preventiva de libertad, momento en el cual fueron formal y efectivamente detenidos los imputados, según alegó la abogada accionante.

En virtud de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la ley declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional incoada por la abogado Dessy Alexandra González Lamus, en su carácter de Defensora de los ciudadanos MARCOS ALDEMAR CARRERO ZAMBRANO y ALBERTO ALONSO RODRÍGUEZ RIVAS, contra la sentencia proveída por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira el 15 de agosto de 2001. No obstante y en atención a lo expuesto sobre la dilación indebida, se ORDENA a la Secretaría de la Sala remitir a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, copias certificadas de las actuaciones que guarden relación con el retardo procesal en que incurrió la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, dado que procedió a emitir el fallo correspondiente a la resolución de un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados MARCOS ALDEMAR CARRERO ZAMBRANO y ALBERTO ALONSO RODRÍGUEZ RIVAS, siete meses después a la recepción de la causa. Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase. Cúmplase lo ordenado.