Sentencia N° 2430 Constitucional TSJ 2001: AGRO IMPLEMENTOS MERIDA C.A. y AGREGADOS EL… — La inadmisibilidad de la acción de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por AGRO IMPLEMENTOS MERIDA C.A. y AGREGADOS EL QUINCE C.A. contra la decisión del Juzgado Superior Segundo que declaró inadmisible su acción de amparo. La Sala consideró que el a quo erróneamente calificó la acción como sobrevenida y no cumplió con los requisitos de admisibilidad, ya que la violación fue imputada al juez que negó la representación judicial del abogado de las empresas demandantes. Por lo tanto, se revocó la decisión apelada y se ordenó la remisión del expediente al juzgado superior para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción de amparo propuesta.

Visto lo anterior, pasa esta Sala a decidir la apelación ejercida y en tal sentido observa: El objeto de la acción de amparo constitucional fue el restablecimiento de la situación jurídica infringida por la supuesta indefensión causada a través de la decisión del 26 de junio de 2000, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante la cual negó la representación judicial del abogado de Implementos Mérida C.A., y Agregados El Quince C.A., cuando el juez titular del referido juzgado estaba plenamente consciente de la existencia de una causal de inhibición respecto al mismo abogado cuya representación inadmitió. El a quo para declarar la improcedencia del amparo ejercido, se fundamentó en su previa calificación de “sobrevenido”, y como consecuencia de ello, al entrar a analizar los requisitos de admisibilidad de este tipo de tutela constitucional cautelar, constató que no cumplía con el requisito de “coexistencia con otros medios ordinarios”, ante el no ejercicio del recurso de hecho contra las negativas de oír las apelaciones propuestas contra el auto que negó la representación judicial. Esta Sala, previo al pronunciamiento de fondo, considera pertinente transcribir su doctrina en materia de amparo sobrevenido, proferida a través de su sentencia del 20 de enero de 2000, caso Emery Mata Millan, en la cual, se señaló: “Consecuencia de la doctrina expuesta es que el llamado amparo sobrevenido que se intente ante el mismo juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera esta Sala que es inconveniente, porque no hay razón alguna para que el juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece que dictada una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el Juez que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de parte. Tal principio recogido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil está ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde es de suponer que las sentencias emanan de jueces idóneos en el manejo de la Constitución, y que por tanto no puedan estar modificándolas bajo la petición de que subsane sus errores. Las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, los que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Cuando las violaciones a derechos y garantías constitucionales surgen en el curso de un proceso debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los jueces, el amparo podrá interponerse ante el juez que esté conociendo la causa, quien lo sustanciará y decidirá en cuaderno separado. Con esta posibilidad, se hace evidente la necesidad de mantener esta importante manifestación del amparo constitucional debido a la ventaja de ser dictada dentro del mismo proceso en el cual se produce la lesión o amenaza de lesión de derechos constitucionales, manteniéndose así el principio de la unidad del proceso, al no tener que abrirse causas procesales distintas –con los retardos naturales que se producirían- para verificar si efectivamente se ha producido la violación denunciada. Igualmente, se lograría la inmediación del juez con la causa que se le somete a conocimiento, la cual no sólo incidiría positivamente en la decisión del amparo interpuesto, sino que también pudiera aportar elementos de juicio necesarios para tomar medidas, bien sean cautelares o definitivas, en la causa principal y en el propio amparo”(Subrayado de esta Sala). Ahora bien, de todo lo antes expuesto, a juicio de esta Sala el a quo y la propia parte actora yerra al calificar de sobrevenido el amparo propuesto, ya que la pretendida violación fue imputada al propio juez que negó la representación judicial del abogado Alex José Pereira Gómez de lo que se desprende que el caso de autos, la acción de amparo ha debido tramitarse y decidirse de acuerdo al procedimiento previsto para la impugnación de decisiones judiciales, por lo que mal podía el a quo, partiendo de una premisa errónea al calificar incorrectamente la pretensión, exigir el requisito de admisibilidad de “coexistencia con otros medios ordinarios” jurisprudencialmente consagrado para este tipo especial de amparos sobrevenidos, cuando, se insiste, se trata de un amparo contra decisiones judiciales, cuyas causales de inadmisibilidad son disímiles, motivo por el cual, el fallo apelado debe ser revocado. Así se declara.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: 1.- CON LUGAR la apelación ejercida por el abogado Alex José Pereira Gómez, actuando en su carácter de apoderado judicial de AGRO IMPLEMENTOS MERIDA C.A. y de AGREGADOS EL QUINCE C.A. 2.- SE REVOCA la sentencia del 22 de noviembre de 2000, emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida que calificó la acción de amparo como sobrevenida y la declaró inadmisible. 3.- SE ORDENA la inmediata remisión del presente expediente al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción de amparo propuesta, según el procedimiento establecido para las acciones de amparo contra decisiones judiciales. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.