Sentencia N° 2427 Constitucional TSJ 2001: Beatriz Pastora Camacaro Gutiérrez vs Juez del Juzgado Accidental de Primera…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, confirma la sentencia del Juzgado Superior Tercero Agrario que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Beatriz Pastora Camacaro Gutiérrez. La Sala argumenta que la juez accionada no vulneró los derechos de defensa y propiedad, ya que la suspensión de la medida de embargo sobre los bienes de la empresa Daveca C.A. fue justificada por la necesidad de notificación al Procurador General de la República, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Vistos los argumentos esgrimidos por la representación de la parte accionante, pasa esta Sala a decidir sobre la consulta planteada y a tal efecto observa: En el caso que nos ocupa, adujo la apoderada judicial de la accionante que las decisiones cuestionadas en amparo –autos del 19 de octubre y 2 de noviembre de 2000-, violó los derechos fundamentales de su representada, relativos a la defensa y a la propiedad, consagrados en los artículos 49 y 115, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la Juez Accidental del Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Región Agraria del Estado Lara, abogada María Elena Cruz, “suspende las medidas, pero condiciona la entrega de los bienes a un lapso de apelación que no está contemplado en nuestra legislación procesal”. Constata este máximo Tribunal que en el fallo consultado, el Juzgado Superior Tercero Agrario de la misma Circunscripción Judicial, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional “sobrevenida” propuesta, fundamentándose en el ordinal 3º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto la devolución de los bienes muebles de la empresa accionante, fue suspendida por aplicación del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General, “naturaleza jurídica y contenido distinto a los expresados por el quejoso en su escrito libelar”. Ahora bien, en el caso de autos, aprecia esta Sala, que en las actas procesales que conforman el presente expediente, consta diligencia del 8 de noviembre de 2000 dictada por el Juzgado Accidental de Primera Instancia Agraria de la Región Agraria del Estado Lara, mediante la cual suspende la ejecución de la decisión dictada por ese mismo Tribunal el 19 de octubre de 2000 –que ordenó el levantamiento de la medida de embargo decretada sobre los bienes muebles a la empresa Davelca C.A-, por aplicación del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tal y como lo expuso la sentencia consultada.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA, la sentencia del 20 de noviembre de 2000, dictada por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Región Agraria del Estado Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional “sobrevenida” interpuesta por la abogada Josefa Emilia Muzziotti, apoderada judicial de la ciudadana Beatriz Pastora Camacaro Gutiérrez, presidenta de la empresa DAVECA C.A., contra los autos del 19 de octubre y 2 de noviembre de 2000, dictados por la Juez del Juzgado Accidental de Primera Instancia Agraria de la Región Agraria del Estado Lara, abogada María Elena Cruz. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.