Sentencia N° 242 Constitucional TSJ 2001: Germán Antonio Romero Araujo vs Juzgado Primero de Primera Instancia en lo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la demanda de amparo interpuesta por Germán Antonio Romero Araujo contra el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de Mérida. La decisión se basa en que el derecho a la propiedad, alegado como vulnerado, no era tutelable a través de la acción de amparo debido a que el vehículo en cuestión estaba sujeto a un proceso penal en curso. La Sala concluye que la pretensión de amparo no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La Sala observa que el demandante en amparo denuncia la violación del derecho a la propiedad contemplado en el artículo 99 de la Constitución de 1961, presuntamente vulnerado por el Juez del suprimido Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, quien a pesar de haber declarado terminada la averiguación sumaria que se seguía, por no revestir carácter penal los hechos investigados, se negó a devolver un vehículo propiedad de su mandante -ciudadano Germán Antonio Romero Araujo- previa comprobación de su titularidad. Consta en autos decisión del suprimido Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida que, en razón de la consulta legal a que se encontraba sometida la decisión supra mencionada, una vez revisadas las actas que componían el proceso, consideró que se encontraba comprobado el cuerpo del delito de estafa, tipificado en el artículo 464 del Código Penal, así como suficientes indicios que comprometían la responsabilidad penal del ciudadano Germán Antonio Romero y, concluyó: “Por las razones que anteceden, este Juzgado Superior Primero Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley REVOCA la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la que declaró terminada la averiguación sumaria, y en su defecto DECRETA LA DETENCION JUDICIAL del indiciado GERMAN ANTONIO ROMERO ARAUJO (…) cédula de identidad Nº.-667.013, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 464, en su encabezamiento, del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Luis Gerardo González Ramírez. Queda así REVOCADA la decisión consultada.” Ahora bien, el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone: “No se admitirá la acción de amparo: Cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla...(omissis)”. Para el 22 de febrero de 1995, fecha en la que el Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida decidió el amparo interpuesto, ya se había producido -el 17 de noviembre de 1992- la decisión antes transcrita, con lo cual quedaron modificados los hechos en los cuales la parte actora sustentó sus alegatos, toda vez que dicho órgano jurisdiccional, actuando dentro de sus facultades legales, ordenó la continuación del proceso, lo que trajo como consecuencia que el bien mueble objeto de la pretendida violación del derecho a la propiedad y en la cual se fundaba la pretensión del accionante, al ser objeto activo de la perpetración del hecho punible investigado, debía quedar sujeto a una medida cautelar hasta se produjese sentencia definitiva, a causa de lo cual no era tutelable el alegado derecho de propiedad sobre el mismo a través de una acción de amparo.

Por las razones que anteceden, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda de amparo interpuesta por el ciudadano GERMÁN ANTONIO ROMERO ARAUJO contra el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, y CONFIRMA, en los términos expuestos la decisión emanada del suprimido Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.