Sentencia N° 2409 Constitucional TSJ 2001: Maria Epifania Torres vs Almacén El Regalo C.A. — Acción de amparo constitucional…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por María Epifanía Torres. La acción se basó en la omisión de pronunciamiento del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. La Sala determinó que no hubo omisión por parte del Juzgado, ya que se cumplió con el nombramiento de un defensor ad-litem para la parte demandada y se garantizó el debido proceso.

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir la presente consulta y al respecto observa: De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en el texto de la Carta Fundamental o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Así, la acción de amparo constitucional constituye el mecanismo judicial para la protección de los derechos y garantías, mediante un procedimiento breve, orientado al restablecimiento de la situación jurídica infringida, cuya procedencia requiere la confrontación directa del hecho, acto u omisión presuntamente lesivo, con la norma constitucional que se denuncia como conculcada. Ahora bien, en el caso examinado, la acción de amparo constitucional fue propuesta, fundamentalmente, por la supuesta violación de los derechos de petición y obtención de oportuna respuesta, y al debido proceso, consagrados en los artículos 51 y 49, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, el cual supuestamente omitió pronunciarse en torno a la solicitud propuesta por la accionante en el juicio relativo a la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros derechos insolutos, que interpusiera en contra de la empresa Almacén El Regalo C.A., ello en virtud, de que la accionante solicitó al a quo la designación de un defensor ad-litem para la parte demandada, ya que la misma no había acudido a darse por citada en la causa que se llevaba en su contra. Al respecto, aprecia esta Sala que el mencionado Juzgado de Primera Instancia, admitió la referida solicitud y acordó –previo vencimiento del lapso de ley destinado a que las partes se pongan a derecho- el nombramiento del Defensor de Oficio del demandado, siendo designado el abogado Marcos Mejías, quien manifestó su aceptación a dicho encargo. Siendo así, y tomando en consideración que el único fundamento de hecho de la accionante para sostener su acción, es la falta de pronunciamiento del Juzgado de Primera Instancia, a este respecto estima la Sala que no se produjo una violación directa de los derechos constitucionales de petición y obtención de oportuna respuesta, ni tampoco al debido proceso por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, toda vez, que dicho órgano judicial acordó lo solicitado por la hoy accionante, razón por la cual, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, comparte el criterio sostenido en la sentencia consultada, que declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta.

CONFIRMA la decisión dictada por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo del Circuito Judicial del Estado Cojedes el 1° de noviembre de 2000, que declaró SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana MARIA EPIFANIA TORRES, en contra de la omisión de pronunciamiento del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.