Sentencia N° 240 Constitucional TSJ 2000: Andrés Eloy Castillo vs Miguel José Velásquez — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo interpuesta por el abogado Andrés Eloy Castillo en favor de Miguel José Velásquez, quien se encontraba detenido. La Sala declaró su incompetencia para conocer de la acción y ordenó remitir el expediente al Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La decisión se fundamentó en la incorrecta calificación de la acción por parte del juzgado declinante, quien la consideró como un amparo contra sentencia en lugar de un habeas corpus.

Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto a la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, para lo cual previamente, debe analizar su competencia. Al respecto se observa que el accionante ejerce la presente acción de amparo para solicitar de conformidad con lo pautado en los artículos 44, 49 y 60 de la Constitución, 60, ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, 1, 38 y 39 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, un mandamiento de habeas corpus a favor de su defendido Miguel José Velázquez. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 27, el derecho de toda persona de ser amparada. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata sin dilación alguna. La Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho y Garantías Constitucionales, en su Titulo III, establece las reglas que rigen la competencia de este proceso especial y específicamente el artículo 7, en su último aparte, dice: '… Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.' A su vez el artículo 40 ejusdem, dispone: 'Los juzgados de Primera Instancia en lo Penal son competentes para conocer y decidir sobre el amparo de la libertad y seguridad personales. Los respectivos Tribunales Superiores conocerán en consulta de las sentencias dictadas por aquellos.' Se establece por este artículo, una exclusividad legal en cuanto a que únicamente los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal son competentes para conocer y decidir sobre el amparo de la libertad y seguridad personales.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara incompetente para conocer de la acción de amparo interpuesta por el defensor definitivo del procesado Miguel José Velázquez y en consecuencia ordena remitir el presente expediente, al Tribunal Trigesimonoveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, a los fines de que se decida la presente solicitud de habeas corpus.