Sentencia N° 2393 Constitucional TSJ 2001: Nelson Ibrahim Gozaine Agüero vs Fabiola Espitia de Ramírez — Error de juzgamiento

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Antonio Ortiz Landaeta, representante del ciudadano Nelson Ibrahim Gozaine Agüero, contra la sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara. La Sala considera que la decisión impugnada contenía un error de juzgamiento al ignorar que en una tercería de dominio, el tercerista debe ejercer su derecho contra ambas partes del proceso, lo que constituye un litis consorcio necesario. La Sala también ordena investigar la posible existencia de colusión entre las partes, aunque no considera que el supuesto fraude denunciado sea relevante para el contenido de la sentencia impugnada. Finalmente, se anula la sentencia del 30 de septiembre de 1999 y se reponen los términos del recurso de apelación para que un nuevo Juzgado Superior decida sin incurrir en el error señalado. La decisión se fundamenta en la necesidad de restablecer la situación jurídica afectada por el error judicial, garantizando así el derecho al debido proceso del accionante.

Estudiadas las actas del expediente, de las exposiciones de la parte accionante y de la representación del tercero coadyuvante compareciente, la Sala considera lo siguiente: En primer lugar, considera la Sala que la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara del 30 de septiembre de 1999, que ha sido impugnada, contiene un error de juzgamiento. Dicho error consistió en ignorar que en una tercería de dominio como la intentada por el ciudadano Nelson Ibrahim Gozaine Agüero, fundada en el ordinal 1º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, tal y como lo reconoce el mismo fallo, al pretender el tercerista tener un derecho preferente sobre el bien, tal pretensión se ejerce contra ambas partes -demandante y demandado- del proceso donde se interpone, tal y como lo expresa el artículo 371 eiusdem. Ellas conforman, ante la pretensión del tercerista, un litis consorcio necesario, inescindible, ya que de declararse que el tercerista es propietario del bien, tal declaratoria excluye al mismo de la medida de prohibición de enajenar y gravar que afecta al bien, y ello opera necesariamente contra ambas partes. Este punto, a juicio de la Sala, constituye realmente el objeto de la presente acción de amparo constitucional. Como puede evidenciarse, tal error de juzgamiento es ajeno, en principio, a cualquier colusión que haya existido entre las partes en el juicio principal. No obstante, con respecto a esta supuesta colusión, denunciada ante esta suprema instancia, de lo cual pudiera ser presuntamente indicativa la actitud de la defensora ad-litem, abogada Josefina Cordero Peraza, esta Sala ordena enviar copia certificada de las actuaciones contenidas en el presente expediente al Ministerio Público, a fin de que investigue la existencia del delito de prevaricación o de cualquier otro que pudiera existir. De este modo, la Sala no considera ajustado a derecho entrar a analizar el supuesto fraude denunciado, ya que además de considerar que no está plenamente probado en autos, el mismo es ajeno al contenido de la sentencia impugnada. Así se decide.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley: 1) Declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Antonio Ortiz Landaeta, representante judicial del ciudadano Nelson Ibrahim Gozaine Agüero. 2) En consecuencia, ANULA el fallo proferido el 30 de septiembre de 1999, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores del Estado Lara. 3) REPONE la causa al estado de que un Juzgado Superior distinto del accionado decida nuevamente el recurso de apelación que originó la sentencia lesiva. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el presente expediente al Juez Rector del Estado Lara, a los fines de su remisión de acuerdo a los términos establecidos en la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.