Sentencia N° 2391 — Sala Constitucional del TSJ, 15 de diciembre de 2006

La Sala Constitucional revisa la remisión de decisiones del Tribunal Primero de Ejecución que desaplicó artículos del Código Penal. Se verifica si estas decisiones contradicen la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Sala ordena al Tribunal que informe sobre la firmeza de las decisiones en relación a la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad.

Se observa que tal remisión fue efectuada por el referido Tribunal Primero de Ejecución, para que esta Sala Constitucional verificase, mediante el mecanismo de revisión previsto en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si esas disposiciones legales contradicen la Carta Magna y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Se constata asimismo, de las actas que conforman el expediente, que esta Sala el 30 de septiembre de 2003, le solicitó al mencionado Tribunal Primero de Ejecución que informara si las partes, y en especial el Ministerio Público, fueron notificados de las decisiones que dictó y, además, si contra éstas se interpuso recurso de apelación o venció el lapso para intentarlo, todo con el objeto de constatar si esos pronunciamientos adquirieron el carácter de definitivamente firme, en cumplimiento de lo señalado en la sentencia N° 3126, del 15 de diciembre de 2004 (caso: Ana Victoria Uribe Flores). Vista la orden emitida por esta Sala Constitucional, el mencionado Tribunal Primero de Ejecución le informó a esta Sala, el 15 de octubre de 2003, que las decisiones recaídas sobre los ciudadanos Ángel Enrique Carrasquel Sivira, Juan Arturo González López, Alberto Enrique Méndez Méndez, Danny Jesús Gómez Gil, Jairo Alexander Cáceres Tarazona, Freddy Ramón Salazar Valero y José Antonio Castro Montilla, habían adquirido el carácter de definitivamente firmes. Respecto a los demás penados, señaló que ese carácter no se había dado. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2003, informó que el pronunciamiento dictado a favor del ciudadano Cruz Guillermo Campos Campos se encontraba definitivamente firme.

Por tales razones, esta Sala ordena a la Secretaría que remita copia del presente auto a la Inspectoría General de Tribunales, con el objeto de que inicie la respectiva investigación disciplinaria. Así se decide. Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Cúmplase lo ordenado.