Sentencia N° 2383 Constitucional TSJ 2001: Aimara Quintero Concepción vs Williams Antonio Mundaraín Rincones

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad de una acción de amparo constitucional interpuesta por la defensora pública Aimara Quintero en favor de Williams Antonio Mundaraín Rincones, alegando retardo procesal. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible la solicitud, argumentando que el hecho denunciado no constituía una violación de derechos o garantías constitucionales, ya que no había resistencia del Tribunal de Control en la celebración de la audiencia preliminar. La Sala Constitucional confirmó esta decisión, señalando que el retardo no implicaba la vulneración de derechos fundamentales y que la acción de amparo no era el medio adecuado para solicitar medidas cautelares sustitutivas de libertad.

Decidido lo anterior, corresponde pronunciarse acerca de dicha consulta, a cuyo fin se observa que, el fallo dictado el 4 de junio de 2001, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por la abogada Aimara Quintero Concepción, actuando con el carácter de defensora pública penal del ciudadano Williams Antonio Mundarain Rincones, por considerar que el retardo en la celebración del juicio oral, alegado por el accionante, no constituye una resistencia del Tribunal Tercero de Control en realizar la misma. Del escrito contentivo de la acción de amparo, se evidencia que la misma fue ejercida contra el referido Tribunal de Control, por cuanto habían transcurrido cinco (5) meses y siete (7) días, sin que se hubiese celebrado la audiencia preliminar, de manera que, el hecho que consideró el accionante como lesivo, fue el retardo u omisión del Tribunal de Control, en celebrar la correspondiente audiencia preliminar. Al respecto, se ha podido constatar de las actas que conforman el presente expediente, que el Tribunal de Control Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, extensión Carúpano, ha fijado en dos (2) oportunidades la correspondiente audiencia preliminar, pero, por motivos no imputables a dicho tribunal, no se había podido celebrar la respectiva audiencia. En tal sentido, estima esta Sala oportuno referir el criterio establecido sobre la posibilidad de accionar en vía de amparo contra las omisiones de los órganos jurisdiccionales, conforme al cual, en sentencia del 28 de julio de 2000, se señaló lo siguiente: “...los órganos jurisdiccionales no podrán observar conductas que menoscaben la capacidad de las partes de salvaguardar, utilizando los medios prescritos legalmente, sus intereses objetos de litigio. Estas conductas lesivas, prohibidas constitucionalmente por contravenir el derecho fundamental de la defensa, no sólo pueden ser ocasionadas mediante actos o actuaciones positivas, sino también negativas, es decir abstenciones u omisiones (...). Cónsona con las ideas esbozadas, esta Sala Constitucional por sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 ( caso Arias Quevedo), expresamente reconoció: “la posibilidad de accionar en amparo contra un tribunal por su falta de pronunciamiento; ante situaciones que constituyen una omisión que, podría también ser susceptible de configurar un caso de violación de derechos de rango constitucional.” (Resaltado de la Sala)

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, en los términos expuestos en el presente fallo, la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, el 4 de junio de 2001, que declaró INADMISIBLE la solicitud de amparo constitucional, interpuesta por la abogada Aimara Quintero Concepción, actuando con el carácter de defensora pública penal del ciudadano Williams Antonio Mundarain Rincones. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente.