Sentencia N° 238 Constitucional TSJ 2000: Wilson Emanuel Scope Pierre — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Keneth E. Scope en representación de Wilson Emanuel Scope Pierre. La acción se fundamentó en la violación del derecho a ser juzgado por su juez natural, al haberse dictado una sentencia por un juez que no convocó a los jueces asociados, como lo exige el Código de Procedimiento Civil. La Sala revocó la decisión apelada y declaró con lugar la acción de amparo, anulando la sentencia del Juzgado Superior Sexto y ordenando la convocatoria de los jueces asociados para dictar una nueva sentencia definitiva.

Realizadas las anteriores consideraciones, corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciarse sobre la presente acción de amparo constitucional, con base en los argumentos expuestos por el accionante, resumidos en la parte II del presente fallo y, a tal efecto, observa: En primer lugar, denuncia el accionante la violación del artículo 69 de la derogada Constitución de la República, el cual consagraba la garantía constitucional de que nadie puede ser juzgado sino por sus jueces naturales. En tal sentido, señala el accionante que el Juez Titular del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de septiembre de 1999, dictó sentencia definitiva con motivo del recurso de apelación formulado por el referido abogado contra el fallo dictado el día 8 de enero de 1999 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial, sin observar que el mencionado Tribunal se encontraba constituido con Jueces Asociados, como consecuencia de la solicitud planteada por el hoy accionante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Toda parte tiene derecho a que en todas las instancias de los juicios cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales de Primera Instancia, el Tribunal de la causa se constituya con asociados, para dictar la sentencia definitiva. Al efecto, podrá cualquiera de las partes pedir dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del lapso probatorio en el Tribunal de la causa, o la llegada del expediente en el Tribunal Superior, que se elijan dos asociados para que, unidos al Juez o a la Corte, formen el Tribunal”. La norma transcrita sin lugar a dudas establece la potestad de las partes de solicitar al Tribunal de la causa la constitución del Tribunal con asociados para dictar la sentencia definitiva. Como anteriormente se señaló, el abogado accionante, en fecha 22 de marzo de 1999, solicitó la constitución con jueces asociados del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, -quien conocía de la causa como consecuencia del recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada en fecha 8 de enero de 1999 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial-, de conformidad con la norma jurídica antes señalada; habiéndose constituido de tal forma el referido Tribunal el día 9 de abril de 1999. Posteriormente, y como consecuencia de la renuncia de uno de los jueces asociados, y de la inhibición declarada con lugar del Juez Titular del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, se remitió el expediente al Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial. Una vez recibido el expediente en dicho Tribunal, el Juez Titular, en fecha 6 de julio de 1999, se abocó al conocimiento de la causa y fijó la oportunidad procesal para que tuviera lugar el acto de informes; acto que se llevó a cabo, con la intervención de las partes, el día 6 de agosto del mismo año, procediéndose a fijar el lapso de sesenta (60) días calendarios para dictar sentencia. El día 22 de septiembre de 1999, el Juez Titular del Juzgado antes mencionado, dictó sentencia definitiva. Al respecto, la Sala observa que el Juez Titular del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, al dictar tal auto, infringió lo dispuesto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que si bien se produjo un cambio en el Tribunal Superior, como consecuencia de la inhibición planteada, la constitución del órgano jurisdiccional permanecía incólume, es decir, el órgano jurisdiccional seguía constituido con jueces asociados, y no podía el referido Juez Titular proceder a dictar sentencia definitiva de manera unilateral, sin previamente haber convocado a los jueces asociados, para la continuación del procedimiento. Lo anterior constituye, a juicio de la Sala, la vulneración de la garantía constitucional relativa a que nadie puede ser juzgado sino por sus jueces naturales, que consagraba el artículo 69 de la Constitución de la República, -ahora consagrado en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- al haber el juez titular del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, inobservado tal circunstancia, por cuanto –se insiste- la parte accionante legítimamente ejerció su derecho a solicitar la constitución del Tribunal con jueces asociados para que dictara sentencia definitiva y, en consecuencia, el Juez Titular del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas estaba obligado a dictar sentencia definitiva, tomando en cuenta que el Tribunal a su cargo se encontraba constituido con jueces asociados. Por consiguiente, esta Sala Constitucional, a los fines del restablecimiento de la situación jurídica infringida, procede a anular la sentencia de fecha 22 de septiembre de 1999 dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, ordenándose reponer la causa al estado en que el Juez Titular del referido Juzgado ordene la convocatoria de los jueces asociados elegidos y juramentados, a los fines de proceder a dictar sentencia definitiva en el procedimiento de segunda instancia. Así se decide.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado KENETH E. SCOPE, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano WILSON EMANUEL SCOPE. En consecuencia, se anula la sentencia de fecha 22 de septiembre de 1999, dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, y se ordena reponer la causa al estado en que el Juez Titular del referido Juzgado ordene la convocatoria de los jueces asociados elegidos y juramentados, a los fines de dictar sentencia definitiva en la apelación planteada. De conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena remitir copia del presente fallo a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial y a la Inspectoría de Tribunales con el objeto de que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.