Sentencia N° 2376 Constitucional TSJ 2001: Francisco Antonio García Rivero vs Desarrollo Urbanístico el Corozal C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por Desarrollo Urbanístico El Corozal C.A. contra la sentencia que declaró con lugar la acción de amparo presentada por Francisco Antonio García Rivero y otros. La Sala determinó que la falta de notificación adecuada a todos los demandados impedía que la sentencia dictada adquiriera firmeza, lo que justificaba la acción de amparo. En consecuencia, se declaró sin lugar la apelación y se confirmó la decisión del Juzgado Superior.

La notificación de la sentencia cuando ella es dictada fuera del plazo que tiene el Tribunal para proferirla, se erige en pilar del derecho a la defensa, pues, a partir de la notificación que se practique comienzan a computarse los plazos legales para su impugnación por los medios adecuados y que establece el Legislador Procesal. Sin notificación no hay plazo que computar, razón por la cual la sentencia proferida no habrá quedado definitivamente firme y, por tanto, susceptible de ejecución. En este sentido, la falta de representación del abogado Rafael Maluenga respecto al accionante Francisco Antonio García Rivero, no fue discutida, lo que implicaba que la notificación del indicado ciudadano mediante el abogado antes referido, resultaba ineficaz y por ende, insuficiente para comenzar a computar el lapso para ejercer los recursos de impugnación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la abogada ROSA MORA SULBARÁN, actuando con el carácter de apoderada judicial de DESARROLLO URBANÍSTICO EL COROZAL C.A. y, en consecuencia, CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el 15 de junio de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por los abogados PERMINIO VILLARROEL MALAVÉ, JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ y WILMER TORRES.