Sentencia N° 2360 Constitucional TSJ 2001: Leopoldo Lares Monserratte, Enrique Sánchez… vs Contraloría General de la República

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Contraloría General de la República contra la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado con lugar la acción de amparo. Se argumenta que la Dirección de Averiguaciones Administrativas no puede conocer sobre el mérito de las decisiones de la Junta de Emergencia Financiera, ya que estas son facultades discrecionales. Además, se señala que se vulneraron derechos fundamentales como la defensa y la presunción de inocencia al aplicar normas que no estaban vigentes en el momento de los hechos.

Que, la Junta de Emergencia Financiera fue creada mediante el Decreto del Presidente de la República No. 248 del 29 de junio de 1994, y que, del artículo 2 de este Decreto se desprende que corresponden a la Junta de Emergencia Financiera todas las atribuciones conferidas al Consejo Superior de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como la toma de las decisiones para cuya adopción la Ley exige la opinión previa del Banco Central de Venezuela y la adopción de las medidas pertinentes a la solución de la emergencia financiera. Que, se trata de una facultad discrecional, la que se le atribuye a la Junta de Emergencia Financiera de determinar la oportunidad y conveniencia de la toma de medidas, y no una potestad reglada y limitada específicamente por la ley. Que, no puede un órgano distinto a la Junta de Emergencia Financiera, como la Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Contraloría General de la República, entrar a conocer sobre el mérito de las decisiones tomadas por la misma; y que además, es doctrina administrativa reiterada por la jurisprudencia que no puede existir control sobre los motivos del acto administrativo. Que, la Junta de Emergencia Financiera trabajó desde su constitución en la elaboración de un plan integral para superar la crisis, tomando las medidas necesarias para que los Bancos y demás Instituciones Financieras que presentasen problemas pudieran superarlos sin llegar a las medidas extremas de la intervención o de la estatización. Que, la iniciativa de la intervención de un Banco debía partir de la Superintendencia, para lo cual debía solicitar la opinión favorable de la Junta de Emergencia Financiera. Que, en el oficio de SBIF-SBA-3994, del 25 de julio de 1994, que dirigió la Superintendencia de Bancos a la Junta de Emergencia Financiera se manifestó su parecer de que era conveniente realizar todos los esfuerzos para evitar una medida de intervención, debido a que la misma incidiría en el resto de las instituciones que conformaban el Grupo Financiero Latinoamericana-Progreso, con lo cual se haría necesario extender la medida a los demás integrantes del mismo. Que, por esta razón, no podía la Junta de Emergencia Financiera proceder a intervenir, cuando el artículo 254 de la Ley de General de Bancos y otras Instituciones Financieras le otorgaba esa atribución a la Superintendencia de Bancos y no a la prenombrada Junta.

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada Lunilda Sánchez Beltrán actuando en su carácter de representante de la Contraloría General de la República, en contra de la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del 22 de agosto de 1996. En consecuencia, se CONFIRMA en todas sus partes la sentencia objeto del presente recurso de apelación. Publíquese y regístrese. Remítase copia de la presente decisión al tribunal de origen. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.