Sentencia N° 2358 Constitucional TSJ 2001: Arelys Josefina Rodríguez vs Mariela Zuleima Ramírez de Cabeza

TSJ/SC, Sent. N° 2358, Exp. 01-2504, 23/11/2001 · 23 de noviembre de 2001
Expediente01-2504
Parte actora / solicitanteARELYS JOSEFINA RODRÍGUEZ
Parte demandada / contraparteMARIELA ZULEIMA RAMÍREZ DE CABEZA
PonenteJESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-11-23
DecisiónCon Lugar

Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo, en relación a una acción de amparo constitucional interpuesta por Arelys Josefina Rodríguez contra la Registradora Subalterna del Registro Público del Municipio Pedro Zaraza. La Sala determinó su competencia para conocer del caso, dado que el Juzgado Superior se había declarado incompetente y remitido el expediente a la Sala. La decisión final fue no aceptar la declinatoria y declarar competente al Juzgado Superior para continuar con el procedimiento de amparo.

Extracto de la motiva

Esta Sala Constitucional conoce del caso sub judice, por cuanto le fue remitido por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, quien se declaró incompetente para conocerlo. Le corresponde a esta Sala definir la competencia en el presente caso, no solo por haber sido conminado por el Tribunal que declinó el conocimiento, sino por su condición de máximo y último intérprete de la constitucionalidad, de la cual la garantía reactiva de la acción de amparo, constituye una de sus vías más idóneas, precisamente, el medio que con mayor concreción y dinamismo se puede mantener la supremacía constitucional. La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales prevé disposiciones concretas para solventar los conflictos de competencia, ante la declinatoria o indeterminación de la misma, y que dadas los inexcusables caracteres de brevedad, celeridad y eficacia tutelar directa e inmediata de la acción, obvian los trámites y las incidencias innecesarias. De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: “Los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de amparo entre Tribunales de Primera Instancia serán decididos por el Superior respectivo. Los trámites serán breves y sin incidencias procesales.” Así mismo, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo, prevé que: “(...) Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia”. Desde sus primeros fallos (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja del 20 de enero de 2000), esta Sala reconoció el contenido del artículo 334 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, conforme al cual, a todos los Tribunales del país, incluyendo las otras Salas de este Supremo Tribunal, les corresponde asegurar la integridad de la Constitución, mediante el control difuso de la misma. Pero advirtió que ello no les permite conocer mediante la acción de amparo las infracciones que se les denuncian, salvo los Tribunales competentes para ello, estableciendo como excepción a la rigurosa distribución de competencia, lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual prevé que: “Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza de violación del derecho o de la garantía constitucionales se produzcan en lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, se interpondrá la acción de amparo ante cualquier Juez de la localidad quien decidirá conforme a lo establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la adopción de la decisión, el Juez la enviará en consulta al Tribunal de Primera Instancia competente”.

Dispositiva

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACEPTA la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, para conocer la acción de amparo interpuesta por la ciudadana ARELYS JOSEFINA RODRÍGUEZ, contra la Registradora Subalterna del Registro Público del Municipio Pedro Zaraza del Estado Guárico, ciudadana MARIELA ZULEIMA RAMÍREZ DE CABEZA. En consecuencia, declara que el COMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo, por aplicación del artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es el mencionado Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado declarado competente. Cúmplase lo ordenado.

Palabras clave

amparo constitucionaldeclinatoria de competenciaderecho de propiedadRegistro Públicoacción de amparojurisdicción contencioso-administrativasupremacía constitucionalLey Orgánica de Amparo

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