Sentencia N° 2355 Constitucional TSJ 2001: Ernesto Peter Pineda Belisario, Iliana del… vs Consejo Nacional de Universidades…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un oficio de la Sala Político-Administrativa relacionado con una acción de amparo constitucional interpuesta por varios ciudadanos contra el Consejo Nacional de Universidades y la Universidad Santa María. La acción fue declarada inadmisible por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, lo que motivó la consulta a la Sala Constitucional. Esta última, tras analizar el caso, confirmó la decisión de inadmisibilidad, argumentando que la situación jurídica infringida no podía ser restablecida debido al tiempo transcurrido desde la pre-inscripción de los accionantes.

La Sala observa que, en el caso de autos, fueron remitidas a esta Alzada copias certificadas de la solicitud de amparo y del fallo de primera instancia; recaudos de los cuales se desprende que la acción de amparo constitucional solicitada gira en torno a la inscripción que le fue negada a los accionantes para ingresar a la Universidad Santa María en el período lectivo 1991-1992. Ahora bien, esta Sala en anteriores oportunidades ha sostenido que el amparo constitucional tiene como finalidad proteger los derechos constitucionales denunciados como vulnerados, siendo una de sus características fundamentales, su naturaleza restablecedora -y no constitutiva- por cuanto los efectos que se pueden lograr, con la sentencia que al respecto se dicte, son restitutorios, sin existir la posibilidad de que puedan crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas que no existían para el momento de la interposición de la demanda. Por ello, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en el artículo 6. 3, prevé la inadmisibilidad del amparo, cuando la violación del derecho constitucional constituya una evidente situación irreparable. En el presente caso, la Sala observa que la pretensión de amparo es que las autoridades universitarias le den curso a la inscripción de los accionantes, en virtud de que ellos efectuaron su pre-inscripción en el año 1991 y si bien no presentaron la prueba de aptitud académica de ese año, si lo hicieron en los años anteriores. Ahora bien, dicha pre-inscripción se efectuó -según afirman los accionantes- hace aproximadamente diez (10) años para ingresar en el período 1991-1992, razón por la cual los recaudos remitidos a esta alzada son suficientes para concluir que es evidente la imposibilidad de restablecimiento de la situación jurídica infringida, por lo que de conformidad con el artículo 6. 3 antes referido, la acción de amparo interpuesta debía ser declarada inadmisible, tal y como lo declaró el a quo, razón por la cual se confirma el fallo consultado.

CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 10 de septiembre de 1992, en la cual se declaró inadmisible el amparo solicitado por los abogados ESTHER DÍAZ BLANCO, ENNIO ALEJANDRO TAPIAS y OLGA MORALES BOLÍVAR, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos ERNESTO PETER PINEDA BELISARIO, ILIANA DEL VALLE LORETO GIL, RUTH ADRIANA CARREÑO UZCÁTEGUI, MARLENE DEL CARMEN PADRÓN BRITO, LUIS ALEXANDER MENDOZA, MARCIA YUMEIRY CORONADO ZAMBRANO, GINMY EDUARDO PINTO, GUSTAVO GREGORIO RODRÍGUEZ FIGUEROA, AGNA YAMILETH BARBERA GOTOPO, ARNELL QUIJADA CORASPE, JACKSY CUECHE, OSCAR SISO, MARCOS MADROS HONSANY, DAVID GREGORIO CAMARGO PINEDA, MARCIAL ANTONIO BETANCOURT BETANCOURT, JORGE ENRIQUE ESTÉVEZ LUIS, WALDEMAR ANTONIO NÚÑEZ LÓPEZ, MARCOS MARTÍN GONZÁLEZ, ARACELIS MARÍA FRANCO, MELITZA DEL VALLE FARIAS NAVARRO, MARISELA FERMÍN DE ARMAS, SERGIO TULIO MORALES BURIEL, JENNY ESTHER PINEDA VILORIA, ELÍZABETH CAROLINA TOVAR NAVARRO, LUIS EUDOMAT ALAJE LEDEZMA, HERMINIA CRUZ ÁLVAREZ MATA, IGNACIO DANIEL GAMUZZA, RAMÓN ALBERTO SANDOVAL ANGULO, SANTOS JOSÉ TORREALBA ZAMBRANO, SAMUEL ALMEIDA NIHARAS AMAIS, JUAN ONOFRE MEJÍAS BECERRA, ANTONIO DI MARCOBERATDINO, CELIA FERNÁNDEZ BARREIROS, ÁNGEL VILLEGAS NAVARRO, IVÁN MEJIAS BECERRA, MIRIAM SEIJAS ROJAS, ISANIE FIGUEROA FARRERA, JADSENIA MORATI ARIAS, VERÓNICA ZURITA PIETRANTONI, JESÚS RIVERO BIONDI, DIÓMEDES RAFAEL CORIANO, CARMEN MELITZA LÓPEZ ARREAZA, ENEIDA OJEDA FAJARDO, DANIEL ALAIN BRUNO SOÑORA, DAVID GREGORIO CAMARGO y ALEIDA BETALIA BORGES DE CASTRO, estos dos últimos quienes ejercen la representación legal de los menores VIRGINIA CAMARGO y ALEIDAH DEYANARA CASTRO BORGES, contra el CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES y la UNIVERSIDAD SANTA MARÍA.