Sentencia N° 2327 Constitucional TSJ 2001: Edna Valdivieso Arteaga vs Directora de Finanzas del Ministerio de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró con lugar la demanda de amparo constitucional interpuesta por Edna Valdivieso Arteaga, en representación de AERO SERVICIOS LA SELVA COMPAÑÍA ANÓNIMA. La decisión se basa en la negativa de la Dirección de Finanzas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones a otorgar un certificado de solvencia, lo que se consideró una actuación arbitraria que vulnera el derecho de propiedad y la libertad económica de la demandante. La Corte concluyó que la obligación de pagar la multa impuesta no era exigible debido a que se encontraba suspendida por un recurso de reconsideración que no había sido decidido. La negativa a conceder la solvencia, en este contexto, se traduce en una violación de derechos fundamentales, lo que justifica la procedencia del amparo solicitado. Finalmente, se ordena que se restablezcan los derechos constitucionales de la demandante, permitiéndole realizar el cambio de matrícula y enajenación de sus aeronaves sin la exigencia de la multa que se encuentra garantizada por una fianza.

La Sala, para decidir, observa: La presunta agraviada alegó el menoscabo del derecho a la libertad económica y a la iniciativa privada, del derecho a la propiedad y de la garantía de reserva legal. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia sometida a consulta, concluyó que la negativa, de la Dirección de Finanzas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Ministerio de Infraestructura), a entregar, a la presunta agraviada, un certificado de solvencia en virtud de que existían obligaciones no pagadas, aun cuando la obligación adeudada nació de un acto administrativo que fue impugnado a través de un recurso que no ha sido decidido, constituyó una actuación arbitraria por parte de la Administración, violatoria del derecho de propiedad, ya que proscribió uno de los atributos del tal derecho, como es el de disposición. Expuestos los argumentos del a quo, pasa esta Sala a realizar la consulta de ley, recalcando, pues ya fue manifestado por el juzgador en primera instancia, que, en razón de la falta de presentación del informe establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte del presunto agraviante, los hechos alegados por el demandante serán considerados como aceptados por aquél. Manifestó la demandante que, mediante acto administrativo sancionatorio dictado, el 10 de abril de 1998, por la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, le fue impuesta una multa de un millón seiscientos veinte mil bolívares (Bs. 1.620.000), y que contra dicho proveimiento administrativo ejerció recurso de reconsideración. Señaló también la demandante en amparo que pretende enajenar una aeronave y, para ello, le fue exigido un certificado de solvencia. Cuando éste fue solicitado por la quejosa, la Dirección de Finanzas le comunicó que tenía dos deudas, a saber: i) la primera, a causa del acto ablatorio mencionado con anterioridad, y ii) la segunda, por la cantidad de mil bolívares (Bs. 1.000), por concepto de tasa aeroportuaria. Según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la regla general es que los actos administrativos adquieren eficacia, esto es, la capacidad para producir efectos jurídicos, luego de ser notificados a aquellos a quienes afecte sus derechos e intereses. Como quedó expuesto en los párrafos anteriores, la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo le impuso a la quejosa una multa por la cantidad de un millón seiscientos veinte mil bolívares (Bs. 1.620.000). Según lo dicho sobre la eficacia de los actos administrativos, la obligación de pagar la cantidad expresada en la providencia administrativa, nació en cabeza del particular cuando ésta le fue notificada. Ahora bien, la eficacia del acto puede cesar temporalmente cuando sus efectos son suspendidos por una medida cautelar en sede administrativa o en vía judicial. En el caso referido, consta que los efectos del acto sancionatorio, a través del cual se le impuso una multa a AERO SERVICIOS LA SELVA COMPAÑÍA ANÓNIMA, fueron suspendidos con ocasión del recurso de reconsideración ejercido por ésta. Por esta razón, erró la Administración cuando informó a la quejosa que no estaba solvente, aduciendo que debe la multa impuesta en el acto ablatorio, aun cuando el recurso de reconsideración no había sido decidido, pues, se insiste, al ser suspendidos los efectos del proveimiento administrativo, la obligación del particular no es exigible hasta cuando la Administración se pronuncie sobre el recurso interpuesto y confirme el acto recurrido. Asimismo, de acuerdo con lo esgrimido por el actor en el libelo, la Administración manifestó lo siguiente: Que “...había transcurrido el plazo para decidir el recurso de reconsideración, que el Ministerio se acogía al silencio administrativo negativo y como éste había operado y no se habían ejercido los recursos subsiguientes por nuestra representada AEROSELVA, la multa había quedado firme y el Ministerio se abstendría de emitir pronunciamiento, pues si lo hacía, nacerían nuevos plazos contra el acto expreso, a favor de nuestra representada.” Ante tal aseveración de la Administración, debe decir esta Sala, trayendo a colación el criterio pacífico sentado en sentencia que dictó el 22 de junio de 1982, la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia (caso Ford Motors de Venezuela), según el cual el silencio negativo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, es un beneficio para el particular y no para la Administración. En tal sentido, la falta de pronunciamiento sobre el recurso interpuesto, dentro del lapso establecido en la ley, no releva a la Administración de su obligación de decidirlo. De la misma forma, si, como ocurrió en el presente caso, la Administración no decidió el recurso interpuesto y precluyen los lapsos para que el particular aproveche la garantía del silencio negativo, el acto cuestionado no queda firme hasta que la Administración, expresamente, niegue el recurso y confirme el acto recurrido, caso en el cual el particular podrá ejercer el correspondiente recurso contra esta decisión. Finalmente, considera esta Sala que la negativa de la Directora de Finanzas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Ministerio de Infraestructura), de entregarle a la presunta agraviada el certificado de solvencia, sobre la base de una obligación que no era exigible, ya que dicha obligación nació de un acto administrativo cuyos efectos fueron suspendidos con ocasión de la interposición de un recurso de reconsideración, impide a la quejosa el ejercicio de su derecho de propiedad y menoscaba tal derecho.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que dictó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 23 de febrero de 2000 y, en consecuencia, declara CON LUGAR la demanda de amparo constitucional incoada por la abogada Edna Valdivieso Arteaga, en su condición de apoderada judicial de AERO SERVICIOS LA SELVA COMPAÑÍA ANÓNIMA (AEROSELVA), asistida por el abogado Víctor Rafael Hernández-Mendible, contra la Directora de Finanzas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Ministerio de Infraestructura). Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y archívese el expediente.