Sentencia N° 232 Constitucional TSJ 2001: Ramón Octavio Hurtado, Eloy Romero y Luis… vs Instituto Nacional de Canalizaciones

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20 de febrero de 2001, decidió sobre la apelación interpuesta por los ciudadanos Ramón Octavio Hurtado, Eloy Romero y Luis Pérez Montiel contra la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y de lo Contencioso Administrativo del Estado Bolívar, que había declarado inadmisible la acción de amparo constitucional. La Sala confirmó la decisión del juzgado inferior, argumentando que este no era el tribunal competente para conocer de las denuncias formuladas contra el Tribunal de la Carrera Administrativa, y que la acción de amparo no era procedente debido a la perención de la instancia en el tribunal administrativo.

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir la apelación ejercida y al respecto observa: Tal como se señala en el fallo apelado, y ha sido expresado por la Sala en anteriores oportunidades, aun bajo la vigencia de la nueva Constitución, publicada en la Gaceta Oficial número 36.860 del 30 de diciembre de 1999, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial número 5.453, Extraordinario del 24 de marzo de 2000, deben tomarse en cuenta las disposiciones de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para determinar la competencia de los diferentes tribunales para conocer de la acción de amparo constitucional consagrada en el artículo 27 de la Carta Magna, debido a que, de acuerdo con su texto, corresponde al legislador lo relativo a la distribución de competencias entre los distintos tribunales de la República, y, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga sus disposiciones. En el caso analizado la acción de amparo fue interpuesta, por una parte, contra actuaciones y omisiones del Tribunal de la Carrera Administrativa, consideradas por los accionantes como lesivas de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. De allí que resulte aplicable el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que atribuye la competencia para conocer de la acción de amparo contra una resolución, sentencia o acto que lesione un derecho constitucional dictada por un tribunal de la República, a un tribunal superior al mismo, de esta forma: “Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.” (Negrillas de la Sala). En consecuencia, puede afirmarse que, siendo la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el tribunal superior al Tribunal de la Carrera Administrativa y no el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, efectivamente, este tribunal es incompetente para conocer de las denuncias formuladas en la acción de amparo constitucional interpuesta por los accionantes contra el referido Tribunal de la Carrera Administrativa, razón por la cual esta Sala confirma el pronunciamiento formulado en el fallo apelado en este sentido, y así se declara.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley: 1º. Declara SIN LUGAR la apelación ejercida por los ciudadanos RAMÓN OCTAVIO HURTADO, ELOY ROMERO Y LUIS PÉREZ MONTIEL, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 18 de octubre de 2000, y, en consecuencia, CONFIRMA dicho fallo. 2º. ORDENA la REPOSICION del juicio por cobro de diferencia de prestaciones sociales incoado por los mencionados ciudadanos y el ciudadano Juan Salazar contra el Instituto Nacional de Canalizaciones al estado de que se inicie el procedimiento previsto en los artículos 74 y siguientes de la Ley de Carrera Administrativa en el Tribunal de la Carrera Administrativa, el cual es el Tribunal competente para conocer de tal reclamación. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.