Sentencia N° 23 Constitucional TSJ 2001: BIOTECH LABORATORIOS C.A. e INDUSTRIAS DE… — Competencia en recurso de apelación

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La Sala determinó que, dado que el recurso fue interpuesto contra una decisión que declaró sin lugar una solicitud de amparo cautelar, la competencia corresponde a la Sala Político Administrativa. En consecuencia, se declaró INCOMPETENTE para conocer del recurso y se ordenó la remisión de los autos a la Sala Político Administrativa.

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente recurso de apelación, oído en un solo efecto por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y, para ello, juzga necesario exponer lo siguiente: Tal como se señaló anteriormente, el recurso de apelación objeto de análisis, fue interpuesto contra la sentencia de fecha 5 de agosto de 1999 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de amparo cautelar presentada por la parte accionante contra las Resoluciones nros. 977 y 1049 de fechas 18 de agosto de 1998 y 23 de septiembre de 1988, respectivamente, emanadas del Registrador de la Propiedad Industrial. Ahora bien, conforme a la doctrina establecida por la Sala en su sentencia del 20 de enero de 2.000 (Caso E. Mata Millán), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene competencia: “...Consecuente con la doctrina sobre la competencia que la Sala desarrolla en este fallo, así como con el principio antes expuesto que las leyes cuyos artículos no colidan con la Constitución, continúan vigentes, pasa la Sala a interpretar la competencia de los tribunales que deban conocer los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Dicho artículo, a juicio de esta Sala, no colide con la Constitución y por lo tanto, tiene plena vigencia, y según él, las acciones de amparo pueden ejercerse conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad de actos administrativos o contra las conductas omisivas. Al estar vigente el citado artículo 5°, surge una excepción a la doctrina sobre la competencia en materia de amparo, contenida en este fallo, y es que los tribunales, incluyendo las Salas de este Supremo Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, o contra negativas o abstenciones de la Administración, mediante recursos contenciosos administrativos, podrán a su vez conocer de los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o por abstención de la Administración, no se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución, y siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca. Resultado de la doctrina que se expone, es que las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia que conocen amparos que no se han ejercido conjuntamente con recursos contenciosos administrativos, remitirán a esta Sala las acciones de amparo que venían tramitando, mientras que la Sala Político-Administrativa y la Sala Electoral seguirán conociendo los amparos que se ejercieron o se ejerzan conjuntamente con el recurso contencioso administrativo o electoral de anulación de actos o contra las conductas omisivas”.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por los abogados José Santiago Núñez Aristimuño, Gustavo Planchart Manrique, Gustavo Planchart Pocaterra, Margarita Escudero León y Claudia Briceño Aranguren, actuando con el carácter de apoderados judiciales de las sociedades mercantiles BIOTECH LABORATORIOS C.A. e INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS R.X., C.A., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de agosto de 1999, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de amparo constitucional ejercida conjuntamente con recurso contencioso administrativo de anulación contra las Resoluciones nros. 977 y 1049 de fechas 18 de agosto de 1998 y 23 de septiembre de 1988, respectivamente, emanadas del Registrador de la Propiedad Industrial. En consecuencia, se ORDENA la remisión de los autos a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por corresponderle a dicho órgano jurisdiccional el conocimiento y decisión de la materia.