Sentencia N° 2291 Constitucional TSJ 2001: Policlínica Maracay C.A. vs María Josefina Salerno — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un recurso de amparo constitucional interpuesto por la Policlínica Maracay C.A. contra una decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua. La acción se fundamentó en la supuesta violación del derecho al debido proceso y a la defensa, ya que la parte demandante no fue notificada adecuadamente de la decisión apelada. La Sala consideró que la falta de notificación configuró una violación de derechos fundamentales, lo que llevó a declarar con lugar la acción de amparo y a revocar la sentencia apelada.

La acción de amparo incoada fundamentada en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, está dirigida a proteger el debido proceso que garantice la tutela judicial efectiva, ello no obstante –alegó- no significaba que el juzgamiento que hacen los jueces en la ponderación de los hechos alegados podían ser motivo de una acción de amparo, pues, de aceptarse que los errores de juzgamiento pudieren ser objeto del mismo, señaló, acarrearía que todos los fallos sin excepción alguna fueren recurribles. En ese sentido, agregó que mientras los referidos vicios no “contradigan” una usurpación o una extralimitación de funciones del Juez, no podían considerarse constitutivos de un vicio de incompetencia dado que los Jueces gozan de autonomía e independencia, y por tanto, libre apreciación de los hechos en lo juzgado, siendo que las razones para sus posibles concepciones erróneas, se atacan mediante los recursos ordinarios. En consideración a lo expuesto, estimó que, en el caso bajo examen, la tramitación del procedimiento en alzada, que implicó la presentación de los informes y la emisión de la sentencia por parte del órgano jurisdiccional que conoció la apelación, sin haber notificado a las partes, aún cuando la dispositiva del fallo lo disponía expresamente, configuró la violación del derecho a la defensa y al debido proceso de la accionante “ ...impidiéndole obtener esa tutela al derecho a la justicia, garantías del debido proceso, solicitar aclaratorias, presentar alegatos y defensas del fallo impugnado, informes, observaciones a los informes presentados por la parte contraria, obtener pruebas permitidas en alzada.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, confirma en todas sus partes la sentencia del 22 de marzo de 2001 proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del Trabajo Menores y Estabilidad Laboral, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada contra la sentencia del 22 de noviembre de 2000 proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, anulando con ello todo el procedimiento de alzada seguido ante dicho órgano jurisdiccional y, ordenándose reponer la causa al estado de notificación de ambas partes.