Sentencia N° 2288 — Sala Constitucional del TSJ, 16 de octubre de 2007

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la solicitud del abogado Pablo Piña Parra, desaplicó los artículos 13 numeral 3 y 22 del Código Penal, argumentando que la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad es incompatible con el derecho a la libertad consagrado en la Constitución. La Sala consideró que dicha pena no cumple con su función de reinserción social y resulta excesiva, ya que puede extenderse más allá de la pena principal impuesta al condenado.

(…) este Tribunal Sexto en Funciones de Ejecución considera que el contenido de los citados artículos 13.3 y 22 del Código Penal a través de los cuales se regula la pena accesoria de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, resultan incompatibles con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que con la misma se restringe uno de los derechos más importantes que tiene el hombre después de la vida, como lo es el derecho a la libertad, consagrado en el artículo 44 de nuestra carta magna, el cual regula todo lo relativo a la libertad personal como derecho inviolable. Cabe destacar, que en el caso de las sentencias condenatorias se impone una pena principal y una accesoria, y en el caso de estas últimas, las mismas se implementaron hace mucho tiempo con la finalidad de ayudar a reinsertar al condenado en la sociedad, sin embargo con el transcurrir del tiempo se ha determinado que dicha pena sólo sirve para restringir la libertad del condenado por un tiempo mayor al establecido en la pena principal, lo cual lejos de favorecer en la adaptación del penado, lo perjudica, puesto que el mismo se encuentra obligado a presentarse y a dar cuentas cada cierto tiempo a los Jefes Civiles de los Municipios, respecto de las veces que salga y entre a todos y cada uno de los distintos Municipios que conforma nuestro país, lo que por cierto, también genera un congestionamiento en dichos organismos municipales, los cuales nunca fueron capacitados para prestar ningún tipo de orientación que tienda a favorecer o a contribuir con la readaptación o reinserción a la sociedad del penado que se encuentra cumpliendo ese tipo de condena, y es por ello que la misma resulta totalmente innecesaria, por no cumplir con la función para lo cual fue creada hace años atrás, así como también excesiva, pues tal y como se afirmó anteriormente, ese tipo de pena sólo sirve para restringir la libertad de aquella persona que haya sido condenada a este tipo de pena accesoria por un tiempo mayor al de la pena principal, lo cual resulta contrario a lo establecido en el citado artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tal y como lo afirmó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la mencionada sentencia dictada en fecha 21 de Mayo de 2007, cuando textualmente establece lo siguiente: ‘…Para la Sala, basta el cumplimiento de la pena de presidio o de prisión para justificar la privación de libertad de una persona, el que se restrinja por extensión la libertad plena a través de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, es contrario al espíritu del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se insiste esa extensión de hecho, podría ir más allá de lo establecido en la Carta Magna, respecto al límite que debe tener toda pena que prive, de algún modo, la libertad plena del individuo. En efecto, de acuerdo con el artículo 44.3 in fine constitucional, las penas privativas de libertad no excederán de treinta años, por lo que verbigracia si una persona es condenada a cumplir la pena de presidio por treinta años no debería por existir esa limitante y por tratarse de una especie de restricción de libertad, estar sujeta a un cuarto de la pena bajo sujeción a la vigilancia de la autoridad, ya que ello se convertiría en una extralimitación de lo señalado en la Carta Magna…’.

Por lo expuesto, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara CON LUGAR la solicitud planteada por el Defensor Público 34º Encargado Abogado PABLO PIÑA PARRA, y en consecuencia SE EXTINGUE LA RESPONSABILIDAD PENAL, por cumplimiento de la pena que le fuera impuesta por el Juzgado Octavo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 25-06-2004 y en virtud de que este Juzgado desaplicó en este caso las normas que establecían el cumplimiento de la sujeción a la vigilancia de la autoridad como pena accesoria, SE DECRETA LA COSA JUZGADA, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Código Penal, en concordancia el ordinal 1º del artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal a favor del penado antes identificado.