Sentencia N° 2283 Constitucional TSJ 2001: Consorcio C.V.A. C.A. vs Gobernación del Estado Nueva Esparta

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil CONSORCIO C.V.A. C.A. contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La acción se fundamentó en la violación del derecho al debido proceso, alegando que la apertura de un procedimiento administrativo por parte de la Gobernación del Estado Nueva Esparta contravenía el contrato de concesión existente entre las partes, que preveía la resolución de discrepancias a través de arbitraje privado. La Sala consideró que la acción de amparo era admisible, ya que se denunciaron infracciones constitucionales y se cumplían los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Además, se acordó la medida cautelar solicitada, suspendiendo los efectos de la sentencia impugnada hasta que se decidiera el fondo de la acción. Finalmente, se ordenó la notificación de las partes involucradas y se estableció un plazo para la realización de la audiencia oral correspondiente.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo, ha reiterado que es competente para conocer de la misma, dado que se trata de una impugnación contra una sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En este sentido, se ha establecido que la acción de amparo es procedente cuando se alegan infracciones constitucionales que son imputadas al tribunal de segunda instancia que conoció en apelación una acción de amparo primariamente interpuesta. En el caso de autos, se colige que los hechos denunciados como inconstitucionales son fáctica y jurídicamente distintos de aquellos que fueron traídos a colación en la acción de amparo interpuesta primigeniamente. Por lo tanto, se concluye que la presente acción no incurre en ninguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y satisface los requisitos del artículo 18 eiusdem. La Sala, al considerar los argumentos expuestos por los accionantes, estima que la apertura del procedimiento administrativo por parte de la Gobernación del Estado Nueva Esparta, en virtud de informes que alegan incumplimientos contractuales, no puede ser considerada como una violación al derecho al debido proceso, ya que la Administración tiene la facultad de realizar el control sobre la prestación del servicio público otorgado en concesión, siempre que se respeten los mecanismos de resolución de controversias establecidos en el contrato de concesión.

1) Se ORDENA la notificación del Presidente o quien haga sus veces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a fin de que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella, la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral. Igualmente, se ORDENA a dicha Corte, notificar a la otra parte en el proceso, esto es, a Gobernación del Estado Nueva Esparta, en la persona de su Gobernador. REMÍTASE a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo anexa a la notificación, copias tanto de la presente decisión, como del escrito contentivo de la acción incoada. 2) Se ORDENA la notificación del Fiscal General de la República, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 3) Se Acuerda la medida cautelar solicitada, y en consecuencia, se suspenden los efectos de la sentencia impugnada, hasta tanto sea decidido el fondo de la presente acción. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.