Sentencia N° 2267 Constitucional TSJ 2001: JUAN CARLOS FURIATI PÉREZ y VICENTE HUMBERTO… vs Ministro de Finanzas, José Alejandro…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Juan Carlos Furiati Pérez y Vicente Humberto Furiati Pérez contra el Ministro de Finanzas, José Alejandro Rojas Ramírez. La decisión se fundamenta en que no se demostró que el Ministerio Público estuviera investigando a la Junta Directiva del Banco Capital por delitos relacionados con el patrimonio público, ni que los miembros de la Junta Directiva fueran formalmente imputados. La Sala concluyó que la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar bienes dictada por el Ministro de Finanzas no contaba con la debida habilitación legal y, por lo tanto, se consideró que se había usurpado funciones jurisdiccionales.

La protección de los derechos fundamentales a que se refiere la Constitución vigente, conlleva a que las leyes que los desarrollan deben ser objeto de interpretación restrictiva, evitando así que se les minimice o se les limite indebidamente. Uno de estos derechos fundamentales es el derecho de propiedad establecido en el artículo 115 constitucional, razón por la cual toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. Tal derecho, garantizado por el propio artículo 115 citado, da al propietario los más amplios poderes sobre sus bienes y sus limitaciones vienen dadas por la ley para fines de utilidad pública o de interés general, pudiendo la propiedad quedar sometida a contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley. La garantía de dicho derecho, a juicio de quien aquí disiente, exige que la ley sea precisa en señalar cuáles son las restricciones o las obligaciones que afectan a la propiedad. Así, el Código Civil, por ejemplo, trae un Título dedicado a las limitaciones de la propiedad, donde se precisan el usufructo, el uso, la habitación y el hogar; y el Código de Procedimiento Civil, también de manera específica establece las medidas preventivas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, señalando cuándo proceden y cuáles son sus alcances. La especificidad de las medidas denota que no proceden sino en los supuestos expresos que contienen las leyes, y ello es así como derivación de la garantía constitucional al derecho de propiedad.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE IN LIMINE la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos JUAN CARLOS FURIATI PÉREZ y VICENTE HUMBERTO FURIATI PÉREZ, “contra el MINISTRO DE FINANZAS, JOSÉ ALEJANDRO ROJAS RAMÍREZ”. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.