Sentencia N° 2260 Constitucional TSJ 2001: Alejandro Borrero Ruiz y Nicolas Contreras… vs Hugo Rafael Chavez Frías

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un amparo constitucional interpuesto contra un decreto del Presidente de la República que fijó el monto de las pensiones para jubilados. La Sala se declaró competente para conocer la demanda, pero observó que la parte actora no había impulsado el proceso durante más de seis meses, lo que fue calificado como abandono del trámite. En consecuencia, se declaró terminado el procedimiento y se impuso una multa a la parte actora por la inacción en el proceso.

Visto que, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala se declaró competente para conocer de las demandas de amparo constitucional que se ejerzan contra los hechos, actos u omisiones emanadas del Presidente de la República – entre otras autoridades de origen constitucional y competencia nacional-. Y visto que, en el caso de autos, la demanda fue ejercida contra una actuación del Presidente de la República, esta Sala se declara competente para conocer de la demanda en referencia. Así se decide. Consta en autos que el último acto de procedimiento de la parte actora es del 3 de abril de 2000 y consistió en la presentación del escrito contentivo de la demanda amparo constitucional y sus anexos, sin que, a partir de esa oportunidad y hasta el presente, haya actuado de nuevo en el proceso. Esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de ocho (8) meses, fue calificada, por esta Sala, como abandono del trámite, en decisión nº 982 del 6 de junio de 2001 (caso: “José Vicente Arenas Cáceres”) en los siguientes términos: “..., la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, correspondiente a la demanda de amparo interpuesta por los ciudadanos ALEJANDRO BORRERO RUIZ y NICOLAS CONTRERAS MORENO, respectivamente y “en legitima defensa de los derechos e intereses colectivos y difusos de todos los pensionados y jubilados mediante el sistema de seguridad social” y “del derecho igualmente difuso y colectivo que tenemos todos los ciudadanos (...)de llegar a ser en algún de nuestras vidas pensionados o jubilados dignos” contra el Decreto nº 669 dictado por el Presidente de la República, Hugo Rafael Chavez Frías, publicado en la Gaceta Oficial nº 36.880 del 28 de enero del 2000. Se IMPONE a la parte actora una multa por la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de Venezuela. La parte sancionada deberá acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.