Sentencia N° 2257 Constitucional TSJ 2001: Fernando Chumaceiro Chiarelli — Nulidad de actos normativos en materia eléctrica

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar la acción de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por el Alcalde del Municipio Maracaibo y otros, contra el último aparte del Parágrafo Único del artículo 36 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y varios decretos y resoluciones relacionados con la fijación de tarifas eléctricas. La Sala sostiene que la competencia para establecer tarifas del servicio eléctrico corresponde al Poder Nacional, en virtud de la normativa vigente y la Constitución de 1999, que otorga a los municipios la dotación y prestación del servicio, pero no la fijación de precios.

Para decidir esta Sala cree conveniente dejar establecido que la presente acción de nulidad, por razones de inconstitucionalidad, fue interpuesta el 30 de noviembre de 1993, tal circunstancia tiene la significación de que la impugnación a la que la misma se refiere, pretende controlar la constitucionalidad de unos actos, en relación a los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Central, que habilitan al Poder Nacional para que se reserve el régimen del servicio público (concretamente el eléctrico), una vez que sea declarado dicho servicio como un bien de primera necesidad, así como la determinación de los precios o tarifas máximas de dichos bienes y servicios por parte de la Administración Central. Por su parte, la actualmente vigente Ley Orgánica de la Administración Central, contenida en el Decreto Legislativo No. 369 del 5 de octubre de 1999, señala lo siguiente: Artículo 49.- Corresponde al Ministerio de Energía y Minas la regulación, formulación y seguimiento de las políticas, la planificación, realización y fiscalización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de minas, hidrocarburos y energía en general, que comprende lo relativo al desarrollo, aprovechamiento y control de los recursos naturales no renovables y de otros recursos energéticos, así como de las industrias mineras, eléctricas, petroleras y petroquímicas; el estudio de mercado y el análisis y fijación de precios de los productos de la minería, del petróleo y del servicio de la electricidad; la prevención de la contaminación del medio ambiente derivada de las actividades mineras, energéticas y de hidrocarburos, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales; así como las demás competencias que le atribuyan las leyes.

En virtud de las consideraciones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley declara SIN LUGAR la acción de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por los ciudadanos Fernando Chumaceiro Chiarelli, en su carácter de Alcalde del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y los abogados Rafael Vargas Rincón, Ney Germán Molero Martínez y Estela Alvarez de Montiel, contra el último aparte del Parágrafo Único del artículo 36 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, los Decretos Nos. 2.383 y 2.384 del 18 de junio de 1992, emanados del Presidente de la República, la Resolución conjunta de los Ministerios de Fomento y Energía y Minas Nos. 2.316 y 239, respectivamente, de fecha 16 de octubre de 1992 y la Resolución conjunta de los Ministerios de Fomento y Energía y Minas Nos. 2.438 y 417, respectivamente, del 8 de octubre de 1993.