Sentencia N° 224 — Sala Constitucional del TSJ, 12 de julio de 2019

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Nelson José Marrero Barreto en nombre de Carlos Enrique Pérez González, contra un auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control. La decisión se basa en que la acción fue presentada fuera del lapso de caducidad establecido por la ley, ya que transcurrieron más de seis meses desde el acto que causó la supuesta lesión constitucional hasta la interposición de la acción de amparo.

Que “(…) existe un marcado SESGO SUBJETIVO, sin ninguna valoración objetiva de las actas, en las cuales no cursa ningún elemento de convicción serio, que adminiculable (sic) con otros permitan traer siquiera una leve sospecha sobre la comisión de delito alguno, no así, que sí queda claro, es que se trata de un caso [de] competencia de la administración (SUNAVI) y de los Tribunales Civiles, en los cuales ya se han agotado sendos procesos, en los que los denunciantes-querellantes, resultaron vencidos en juicio en unos casos y se les otorgó parcialmente la razón en otros, POR LO CUAL ESTE CASO CONSTITUYE UNA EVIDENTE PRÁCTICA DE TERRORISMO (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado del original). Que “(…) en el caso que [les] ocupa [se encuentran] frente a hechos que no revisten carácter penal, por tratarse de la impugnación de ACTA DE ASAMBLEAS Y POTESTADES DE UNA JUNTA DE CONDOMINIO, ASÍ COMO LA EXISTENCIA DE CONTRATOS DE COMODATO Y EN CONSECUENCIA COMODATARIOS (…), EVIDENCIÁNDOSE CON ESTO QUE LA INVESTIGACIÓN QUE SE HIZO A ESPALDAS DEL IMPUTADO (…) NO SOLO VIOLA EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA, SINO QUE ADEMÁS, SE FUNDAMENTA SOBRE HECHOS QUE A DECIR DEL TRATAMIENTO DEL TRIBUNAL, TIENE SU REGULACIÓN EN LA LEY ESPECIAL CONTRA EL DESALOJO ARBITRARIO, LA LEY DE ARRENDAMIENTO Y LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, correspondiéndole a los tribunales civiles competentes el conocimiento de esos asuntos (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado del original). Que “[t]al como lo señala nuestro Código Adjetivo Penal en su artículo 236, las medidas de coerción o cautelares entre las cuales se encuentra LA ORDEN DE APREHENSIÓN, al igual que las medidas que ya habían sido acordadas, proceden cuando se encuentre acreditada la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre prescrita (…). De ello se desprende que aunado a que el asunto de marras corresponde a la esfera de la jurisdicción civil y por tanto no comportan ILÍCITOS PENALES, EL MINISTERIO PÚBLICO, debió oportunamente (…) realizar la imputación formal de los ciudadanos ya imputados materialmente en la QUERELLA Y NO DEJAR PASAR MÁS DE UN AÑO DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN, CON LA RECAUDACIÓN DE UN CÚMULO DE ACTUACIONES DE LAS CUALES EL MINISTERIO PÚBLICO EN SU ESCRITO DE SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSIÓN ASEGURA QUE OBTUVO LA ‘CONVICCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADOS EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS QUE SE REFIEREN EN EL MISMO’. Ello constituye de perogrullo una flagrante violación DEL DERECHO A LA DEFENSA Y EN CONSECUENCIA DEL DEBIDO PROCESO, que vicia de NULIDAD ABSOLUTA, es por ello que [solicitan] la nulidad de la querella en cuestión (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado del original, corchetes de esta Sala).

Por las razones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, actuando como Tribunal Constitucional, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de Amparo Constitucional.