Sentencia N° 224 Constitucional TSJ 2000: Jorge Alejandro Machín Cáceres vs Juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Alejandro Machín Cáceres en representación de varios ciudadanos. La acción se basaba en la omisión del Juez Tercero de Primera Instancia de abrir una incidencia en una impugnación durante la fase de ejecución de una sentencia de resolución de contrato de subarrendamiento. La Sala argumenta que la etapa de ejecución concluyó con el remate del inmueble, lo que hace irreparable la situación denunciada por los accionantes.

Realizadas las anteriores consideraciones, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la apelación interpuesta contra la sentencia de fecha 28 de enero de 1998 dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Jorge Alejandro Machín Cáceres, actuando en nombre y representación de los ciudadanos JESÚS ANGEL ANDRADE, MIRIAM ANDRADE DE RIOS y ROMUALDO ENRIQUE RIOS CASTILLO y, al respecto, observa: Como punto previo, pasa esta Sala a dilucidar lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional que debía conocer de la presente acción de amparo constitucional. Como viene señalando esta Sala Constitucional, la Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial nº 36.860 el día 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en su goce y ejercicio, aun de aquellos inherentes a su naturaleza que no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo que “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia. En este sentido, establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales lo siguiente: “Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”. De la norma antes transcrita se desprende claramente que la competencia para conocer de la llamada “acción de amparo contra sentencia”, corresponde a un tribunal superior al que dictó el fallo accionado en amparo constitucional.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 28 de enero de 1998 por el Juzgado Superior en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en la que se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Jorge Alejandro Machín Cáceres, actuando en nombre y representación de los ciudadanos JESÚS ANGEL ANDRADE, MIRIAM ANDRADE DE RIOS y ROMUALDO ENRIQUE RIOS CASTILLO, contra “la Conducta del Juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al omitir aperturar una incidencia en una impugnación formulada en fase de ejecución de sentencia (...) en el juicio que por Resolución de contrato de subarrendamiento interpuso la Empresa ROLLERTEC CLUB S.A. (...) en contra de mis conferentes y del ciudadano Alirio José Andrade Cabrero (...)”. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al referido Juzgado Superior a los fines legales consiguientes.