Sentencia N° 2229 Constitucional TSJ 2001: Alejandro Colletti — Demanda de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró improcedente la demanda de amparo constitucional interpuesta por Alejandro Colletti. La decisión se basa en la falta de competencia del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo para ordenar el desalojo, ya que no existió un proceso en el cual se debatiera dicha pretensión. La Sala argumenta que el acto administrativo que negó el derecho de preferencia al arrendatario es ejecutable por la administración, pero debe ser el juez que conoció en primera instancia quien ejecute la sentencia firme.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo manifestó en la sentencia apelada, que los actos administrativos emanados de la Dirección de Inquilinato se encuentran informados por los principios de ejecutividad y ejecutoriedad y, por ende, son susceptibles de ejecución por la propia administración. Sin embargo, expuso el a quo que, cuando el acto administrativo es sometido al conocimiento de los tribunales con competencia en materia contencioso-administrativa, el órgano jurisdiccional que conozca en primera instancia será el competente para ejecutar la sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada. Recogida la motivación del sentenciador en primera instancia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la apelación interpuesta. Los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, a la luz de la legislación vigente, se desprenden de los artículos 8 y 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Las normas mencionadas destacan la facultad de la Administración para ejecutar sus propios actos, aun cuando éstos impongan cargas a los particulares, siempre y cuando la ley no establezca lo contrario. Sin duda, a tenor de lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los proveimientos dictados por la Dirección de Inquilinato son actos administrativos y, por tanto, según las premisas anotadas, ejecutables por dicho órgano. Ahora bien, si el acto dictado por la Dirección de Inquilinato es sometido al control de los tribunales contencioso-administrativos, en virtud de la interposición de un recurso de nulidad, corresponde al órgano judicial que conoció en primera instancia la ejecución de la sentencia que quede definitivamente firme; ejecución que deberá realizarse de conformidad con los artículos 524 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, tal como lo determinó el a quo en el fallo apelado.

CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 4 de marzo de 1998 y, en consecuencia, declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo constitucional intentada por el ciudadano ALEJANDRO COLLETTI, asistido por el abogado José Araujo Parra, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 13 de agosto de 1997.