Sentencia N° 2228 Constitucional TSJ 2001: Geiler Teodoro Perez Guerra vs Presidente del Instituto Nacional de Parques…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró sin lugar el amparo constitucional interpuesto por Geiler Teodoro Pérez Guerra contra el Presidente del Instituto Nacional de Parques. El demandante alegó violaciones a sus derechos a la defensa, protección de la familia y propiedad, debido a la imposición de una sanción de demolición sobre su vivienda en el Parque Nacional El Ávila. La Sala concluye que no existieron las violaciones denunciadas, ya que el demandante no se ajustó a las autorizaciones otorgadas para la reconstrucción de su vivienda.

Corresponde a la Sala revisar la sentencia que ha sido sometido a consulta. Para ello, observa que la presente demanda de amparo constitucional se intentó contra el Presidente del Instituto Nacional de Parques, quien habría confirmado una orden de demolición y la caución fijada en el acto administrativo dictado por el Director General Sectorial de Parques Nacionales; orden que dispuso la demolición de unas construcciones realizadas por el demandante en unas viviendas ubicadas en San José de Galipán, Parque Nacional El Ávila. A decir del demandante, él fue autorizado para reconstruir su vivienda y la de su padre, así como también fue autorizado para unir, con la construcción de un anexo, ambas viviendas. Ahora bien, en criterio del demandado, el quejoso no se ajustó a las autorizaciones otorgadas y ello ocasionó la sustanciación de un procedimiento administrativo que terminó con la imposición de una sanción de demolición de lo ilegalmente construido y, para el supuesto de que se deseare la suspensión de los efectos del acto, se debía pagar el monto de la caución fijada, conforme a lo previsto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Ante tal situación, el demandante denunció la violación del derecho a la defensa y la amenaza de violación del derecho a la protección de la familia y al derecho de propiedad. Tales denuncias fueron desestimadas por el tribunal de la causa y la Sala debe constatar la conformidad a derecho del criterio de la consultada y, para tal propósito, observa: 1. La denuncia de violación del derecho a la defensa, basada en que al no poder pagar la caución fijada en el acto administrativo para suspender los efectos del mismo se impediría el acceso a la justicia, la Sala concuerda con la apreciación del tribunal de la causa en el sentido de que en ningún caso puede impedirse, obstaculizarse o condicionarse el efectivo acceso a los tribunales y el ejercicio del derecho a la defensa al pago de una caución. En efecto, la Sala señala que el demandante confunde dos situaciones jurídicas distintas. Una cosa es que el presente acto lesivo haya fijado una caución para garantizar lo decidido en el acto administrativo cuestionado y otra es que la falta de pago de la caución impida el ejercicio de un recurso contencioso administrativo de anulación con solicitud de medida cautelar o, como lo hizo el demandante, la interposición de un amparo constitucional. Por tanto, carece de fundamento lo denunciado por el demandante, por cuanto la falta de recursos para honrar el monto de la caución determinada por la Administración no impide que aquél pueda ejercer el derecho constitucional a la defensa con el ejercicio de la demanda que estime pertinente e idónea. Así se decide.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 23 de septiembre de 1999 y declara SIN LUGAR la demanda de amparo interpuesta por el ciudadano GEILER TEODORO PEREZ GUERRA contra el Presidente del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES). Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.