Sentencia N° 222 Constitucional TSJ 2000: José Cornelio de Andrade vs Martín Pacheco — La improcedencia de la acción de amparo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo interpuesta por Isauro González Monasterio en representación de José Cornelio de Andrade, contra la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público. La acción fue declarada sin lugar debido a que había transcurrido el lapso de prescripción establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La Sala también ordena remitir copia del fallo a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial para investigar la actuación de la juez temporal Carmen García de Mármol.

La Sala observa que la decisión accionada expresa literalmente lo que sigue: “consta en autos poder debidamente notariado de parte del ciudadano José Cornelio de Andrade para el abogado Martín Pacheco”; “este Tribunal en su debida oportunidad tomará en cuenta tales pagos realizados”; (el tribunal) “establece que los honorarios profesionales del prenombrado intimante deben ser rebajados en el monto global y fijarse así...”; en otra parte se lee: “Sobre la estimación del escrito de ampliación de denuncia (...) este Tribunal no acuerda honorarios al respecto por cuanto tal escrito de ampliación no consta en el expediente contentivo de la averiguación principal”. Ahora bien, de lo antes transcrito considera esta Sala, que si bien el fallo en cuestión contiene una escueta argumentación sobre los elementos considerados para fijar el monto a pagar por el ciudadano José Cornelio de Andrade al abogado Martín Pacheco, por concepto de honorarios profesionales, tal exigüidad dista mucho de constituir una falta de motivación, o lo que sería su consecuencia natural: la violación del derecho a la defensa, pues tal como lo ha sentado en muchas ocasiones la Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, la falta de motivación, es decir, la ausencia de relación respecto a los hechos y al derecho en el cuerpo de la sentencia, lo constituye la carencia absoluta de fundamentos del dispositivo, a lo cual podría asimilarse la motivación general o contradictoria. En el caso de autos, al no darse la denunciada falta de motivación de la sentencia recurrida ni su cortedad constituir una situación de excepcional gravedad que amerite la inmediata retroacción a la situación previa al acto, no se encuentran llenos los extremos que hacen revisable una decisión en vía de amparo, el cual es un mecanismo de protección y resguardo de los derechos individuales fundamentales que sólo puede hacerse valer contra pronunciamientos judiciales que afectan de manera flagrante, directa y grosera los derechos y garantías constitucionales, y que además exija la inmediata restitución de la situación jurídica anterior a la violación o amenaza de violación, merced a la entidad de la misma o la posible irreparabilidad del daño sufrido o próximo a sufrir.

1.- Declara IMPROCEDENTE la acción de amparo intentada en fecha 30 de abril de 1996 por el abogado Isauro González Monasterio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado nº 25.090, en representación del ciudadano JOSÉ CORNELIO DE ANDRADE, titular de la cédula de identidad nº 6.020.096, contra la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas constituido en Tribunal de Retasa, dictada a los 11 días del mes de abril de 1996; por lo que REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Undécimo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 12 días del mes de abril de 1999, la cual fue remitida en consulta a la entonces Corte Suprema de Justicia. 2.- ORDENA a la Secretaría de esta Sala, remitir copia del presente fallo a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial, con el objeto de que se inicie una investigación acerca de la actuación de la Juez Temporal Carmen García de Mármol que conduzca a su sanción o absolución respecto a los hechos aquí detectados.