Sentencia N° 2212 Constitucional TSJ 2001: Agustín Rafael Hernández Fuentes vs José Gerardo Arias Chana — Apelación de amparo…
TSJ/SC, Sent. N° 2212, Exp. 00-0062, 09/11/2001 · 9 de noviembre de 2001
Expediente00-0062
Parte actora / solicitanteAGUSTÍN RAFAEL HERNÁNDEZ FUENTES
Parte demandada / contraparteJosé Gerardo Arias Chana
PonenteJESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-11-09
DecisiónCon Lugar
Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por José Gerardo Arias Chana y Humberto Paesano Galindo contra la decisión que declaró con lugar la acción de amparo constitucional presentada por Agustín Rafael Hernández Fuentes. La Sala revocó el fallo apelado, argumentando que las decisiones impugnadas violaron derechos constitucionales y procesales, y que el juez actuó fuera de su competencia al dejar sin efecto la transacción homologada.
Extracto de la motiva
Para decidir la apelación interpuesta esta Sala considera lo siguiente: En su solicitud de amparo constitucional, el accionante expuso que adquirió de la sociedad mercantil Administradora Kris, C.A., las acciones que ésta poseía en las sociedades: C.A. Inversiones Ararat; Ganadería El Búfalo, C.A. y Administradora J-99, C.A. Además adquirió las acciones de Administradora Kris, C.A de parte de ciudadano Luis José Pérez Azócar, el cual a su vez, las adquirió en virtud de la transacción judicial celebrada el 14 de junio de 1999 en el juicio que siguió Luis Pérez Azócar contra José Gerardo Arias Chana por resolución de contrato, que fue homologada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 17 del mismo mes y año. El accionante consideró que el presunto agraviante, al dejar sin efecto lo acordado por las partes en la transacción y suspender su ejecución, violó su derecho de propiedad sobre las referidas acciones, el cual se encuentra consagrado en el artículo 115 de la Constitución, así como, los artículo 545, 1.718 y 1.395, ordinal 3º del Código Civil y actuó fuera de su competencia, ya que el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil no le otorga esa facultad, por el contrario al juez sólo le corresponde homologar la transacción, siempre y cuando ésta no verse sobre materias que estén expresamente prohibidas por la ley.
Dispositiva
1.- CON LUGAR la apelaciones ejercidas por los apoderados del ciudadano José Gerardo Arias Chana, tercero coadyuvante y por el ciudadano Humberto Paesano Galindo, presunto agraviante, de la decisión del 8 de septiembre de 2001, dictada por el Juzgado Superior Cuarta en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas , que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano AGUSTÍN RAFAEL HERNÁNDEZ FUENTES, titular de la cédula de identidad nº 1.886.758, contra los autos dictado el 12 y 13 de julio de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia SE REVOCA el fallo apelado. 2.- SE ORDENA al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que remita de inmediato, en el estado en que se encuentre el expediente de la causa incoada por el ciudadano Luis José Pérez Azócar contra el ciudadano José Gerardo Arias Chana por cumplimiento de contrato y cobro de bolívares, al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, sin pronunciamiento alguno sobre la apelación ejercida por la parte actora de dicho juicio contra el auto de fecha 2 de mayo de 2000 que concedió el plazo para el cumplimiento voluntario del fallo emanado de esta Sala. 3.- SE ORDENA al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que una vez recibido el expediente de la causa antes referida, ordene librar las comunicaciones necesarias a los fines de informar que los actos jurídicos derivados de la ejecución de la transacción judicial celebrada el 14 de junio de 1999, no tienen efecto alguno en virtud de la nulidad de la homologación de dicha transacción.
Palabras clave
amparo constitucionaltransacciónnulidadderecho de propiedadejecución de sentenciatutela judicial efectivacompetenciafraude procesal