Sentencia N° 2211 — Sala Constitucional del TSJ, 17 de septiembre de 2002

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 9 del Decreto N° 1.468 de Zonas Costeras. Los recurrentes argumentaron que dicho artículo violaba el derecho de propiedad y que la declaración de dominio público de una franja de terreno confiscaba propiedades de ciudadanos y empresas. La Defensoría del Pueblo solicitó que se declarara sin lugar el recurso, argumentando que se habían dejado a salvo los derechos legalmente adquiridos por los particulares en la redacción corregida del artículo 9.

En el presente caso, ha sido ejercido un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra el Decreto con fuerza de Ley de Zonas Costeras, Decreto Nº 1.468, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.319 del 7 de noviembre de 2001. Observa esta Sala que, durante la vigencia de la Constitución de 1961, correspondía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 215, numeral 3 y 216 eiusdem, en concordancia con lo previsto en los artículos 42, numeral 1, 43 y 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para declarar la nulidad total o parcial de las leyes y demás actos legislativos que colidieren con la Constitución. Ahora bien, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se observa que tal competencia, atribuida anteriormente a la Sala Plena, se encuentra actualmente asignada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.

1.- Se desestima la acumulación solicitada por el abogado GUSTAVO ÁLVAREZ, actuando en su carácter de representante judicial de la República Bolivariana de Venezuela. 2.- Se declara de oficio como de mero derecho la presente causa y, en consecuencia, se ordena la remisión del presente expediente a la Secretaría de esta Sala Constitucional, a los fines de la continuación de la causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.