Sentencia N° 2211 Constitucional TSJ 2001: Reinaldo Manuel Assad Brito vs SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO DEL…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por el abogado Reinaldo Manuel Assad Brito, en representación del Instituto de Previsión Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, contra la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró inadmisible la acción de amparo. La Sala determinó que la apelación carecía de fundamento suficiente, ya que el demandante no presentó pruebas concretas que evidenciaran la amenaza a los derechos constitucionales de sus representados. La Corte Primera había argumentado que no existía un hecho perturbador que justificara la admisión de la acción de amparo, lo que fue confirmado por la Sala Constitucional. En consecuencia, se declaró sin lugar el recurso de apelación y se confirmó el fallo de la Corte Primera, manteniendo la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta. Finalmente, la Sala Constitucional ordenó la publicación y registro de la sentencia, así como la remisión de copia certificada del fallo a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

La acción de amparo constitucional que dio origen al presente recurso de apelación se interpuso contra la posible intervención del Instituto de Previsión Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (INPRESALUD) planteada en la reunión que se realizó el 16 de agosto de 2000, en el Auditorium del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, por una comisión nombrada por el Director de Recursos Humanos del señalado Ministerio, con la presencia de funcionarios adscritos a la Consultoría Jurídica de la Superintendencia de Cajas de Ahorro. El Tribunal a quo, por su parte, al conocer en primera instancia de la referida acción, la declaró inadmisible con fundamento en el artículo 6, numeral 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar “...que el apoderado actor denunció una supuesta intervención del Instituto al cual representa sin aportar ninguna prueba en el expediente de tal circunstancia; además, señala que en la reunión celebrada en fecha 16 de agosto de 2000, se ‘planteó’ la intervención de INPRESALUD pero no manifestó si, efectivamente, ésta se verificó. Esto es, que el abogado recurrente no indicó que se haya producido hecho concreto alguno que implique o constituya una amenaza a los derechos constitucionales de sus representados”. Al respecto, esta Sala observa que el hecho perturbador descrito por la parte accionante lo constituye la supuesta intención de la Superintendencia de Cajas de Ahorro del Ministerio de Finanzas y de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de intervenir al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la cual configura una presunta amenaza de violación de los derechos constitucionales denunciados. Ahora bien, la Sala juzga que la decisión adoptada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo estuvo ajustada a derecho, toda vez que el apoderado actor denuncia una pretendida intervención del Instituto al cual representa, mas no aporta ninguna prueba en el expediente de tal circunstancia. Asimismo, planteó la intervención de INPRESALUD sin evidenciar que ésta se haya verificado. Tal omisión que revela una carga incumplida por el accionante, lleva a concluir que no existe en autos elementos suficientes que demuestren la presunta violación constitucional alegada por el accionante. Por tanto, la acción de amparo incoada –efectivamente- resulta inadmisible a tenor de lo dispuesto en el artículo 6, numeral 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al no resultar la descrita amenaza “...inmediata, posible y realizable por el imputado”, requisitos éstos que necesariamente deben presentarse para que sea admisible la acción incoada. Así se declara.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Reinaldo Manuel Assad Brito, actuando con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL EL MINISTERIO DE SALUD Y DE DESARROLLO SOCIAL y de los trabajadores afiliados al referido Instituto contra la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 27 de septiembre de 2000, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por el referido Instituto, contra de la SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO DEL MINISTERIO DE FINANZAS y la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL; sentencia que se CONFIRMA mediante el presente fallo. Queda en estos términos resuelta la apelación interpuesta.