Sentencia N° 219 Constitucional TSJ 2000: Tamara Salazar Castelo — Admisibilidad de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admite la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados de Tamara Salazar, en contra de una decisión de la Corte de Apelaciones que revocó la custodia de un vehículo. Se argumenta que la Sala Constitucional tiene competencia para conocer de acciones de amparo contra decisiones de última instancia que infrinjan normas constitucionales. La decisión se basa en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores. Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por los abogados Dámaso Gómez y Gustavo Camero Ceballos, actuando en su carácter de defensores de la ciudadana TAMARA SALAZAR CASTELO, contra la decisión dictada en fecha 7 de octubre de 1999 por la Sala nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas; en consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: 1º) Notificar al Presidente de la Sala nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas para que concurra a enterarse del día y hora de la audiencia constitucional que fije la Secretaría de esta Sala, y a fin de que en su oportunidad exprese los argumentos que estime convenientes; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud; 2º) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem, anexando al respectivo escrito copia de esta sentencia; 3º) Fijar la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga de la presente decisión. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.