Sentencia N° 2176 Constitucional TSJ 2001: Miguel Alfredo Garcia Urquiola vs Gabriel Román Oca Avila — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 5 de noviembre de 2001, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Alfredo García Urquiola contra la sentencia del 4 de diciembre de 2000 de la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. El accionante alegó violaciones a sus derechos a la defensa y al debido proceso, argumentando errores en la sentencia apelada que afectaron su derecho a un juicio justo. La Sala analizó los fundamentos del amparo y determinó que la Corte de Apelaciones actuó conforme a derecho al declarar la nulidad de las actuaciones a partir del auto que admitió la acusación, ya que el juez de juicio incurrió en error al absolver por un delito no imputado por el Fiscal. La Sala reafirmó la importancia del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, concluyendo que no se violaron los derechos del accionante. Finalmente, la Sala decidió que lo procedente era declarar sin lugar la acción de amparo, reafirmando la validez de la decisión de la Corte de Apelaciones.

Esta Sala, luego de analizar los fundamentos en los que se basó el accionante para interponer la presente acción de amparo constitucional, constata que el thema decidendum en el presente caso, se circunscribe a determinar si la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, violó los derechos a la defensa y al debido proceso del accionante, cuando en su sentencia del 4 de diciembre de 2000, ordenó la nulidad de todas las actuaciones a partir del auto que acordó la admisión de la acusación, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del referido Circuito Judicial Penal, bajo la consideración de que el Juez de juicio incurrió en error de derecho “...cuando sentenció absolviendo por el delito por el que el Fiscal acusó y condena por los delitos no acusados por él...”. En este sentido pasa esta Sala a decidir y para ello observa: El artículo 502 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que las disposiciones contenidas en el mismo se aplicarán a los procesos que se inicien desde su vigencia –1 de julio de 1999-. Ahora bien, para las causas que se encuentren en curso, es decir, las que se iniciaron bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, el legislador previó un Régimen Procesal Transitorio, contemplado entre los artículos 504 y 514, en los cuales se establecieron una serie de supuestos, a fin de ir incluyendo todas esas causas, según el estado en que se encuentren, en el nuevo sistema procesal. Así las cosas, para las causas que se encuentren en plenario, específicamente, en las que se haya formulado cargos y vencido el término de promoción de pruebas -supuesto este contemplado en el numeral 1 del artículo 508 del referido Código Orgánico Procesal Penal- la regla es que el Juez de Transición debe fijar la oportunidad de la audiencia oral, la cual se realizará de conformidad con las normas de ese Código, al igual que el resto del procedimiento. Ahora bien, en el caso de autos, para la fecha en que entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal ya se había celebrado lo que en vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal se denominaba audiencia pública del reo o acto de cargos –28 de abril de 1999- en la cual el imputado dio contestación a los cargos fiscales formulados en su contra por la presunta comisión del delito de uso de acto falso, encontrándose asimismo, el proceso en etapa probatoria, por cuanto el tribunal de la causa el 26 de mayo de 1999, ordenó la reapertura del lapso de promoción de pruebas. En consecuencia, en vista del estado en que se encontraba el juicio que dio origen a la presente acción de amparo constitucional, resultaba aplicable el supuesto contemplado en el numeral 1 del artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual, lo procedente era fijar la audiencia oral, para luego continuar con el resto del procedimiento, de acuerdo con las previsiones establecidas en el referido Código, tal y como lo hizo el Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano MIGUEL ALFREDO GARCIA URQUIOLA, asistido por el abogado Héctor Zamora Izquierdo, contra la sentencia del 4 de diciembre de 2000, dictada por la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese, regístrese y archívese el expediente.