Sentencia N° 216 Constitucional TSJ 2001: Carlos Sosa Pietri vs Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Sosa Pietri contra medidas preventivas de prohibición de enajenar y gravar dictadas por un Juzgado de Primera Instancia. El Tribunal Superior Décimo había declarado con lugar la acción de amparo, lo que llevó a la consulta ante la Sala Constitucional. En su decisión, la Sala confirmó la sentencia del Juzgado Superior, argumentando que no había materia sobre la cual decidir, dado que el asunto ya había sido resuelto anteriormente.

Observa esta Sala que en fecha 25 de abril de 2000, fue publicada sentencia nº 244 de esta misma Sala, expediente nº 00-0099, cuyo dispositivo es del siguiente tenor: “Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 09 de septiembre de 1999, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los representantes del ciudadano CARLOS SOSA PIETRI en contra del Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial”. Del texto trascrito ut supra se evidencia que dicho fallo resolvió confirmar la misma sentencia aquí sometida a consulta, en atención a lo cual se debe declarar que en el presente expediente no hay materia sobre la cual decidir, por tratarse de un asunto ya decidido que versa sobre las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa.

Por los razonamientos y circunstancias expuestas este Juzgado (...) DECLARA: CON LUGAR el amparo intentado por CARLOS SOSA PIETRI, (...) contra la decisión del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que decreto (sic) la medida cautelar típica de prohibición de enajenar y gravar bienes. En consecuencia, a los fines de restablecer la situación jurídica infringida, declara la nulidad de la parte del decreto cautelar que prohibió enajenar y gravar bienes dictado por el Juzgado presunto agraviante.