Sentencia N° 216 Constitucional TSJ 2000: Ingrid Sirera Pascal vs Josefa Ramona Carreño de Brito — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Ingrid Sirera Pascal. La Sala argumenta que se violaron los derechos al debido proceso y a la defensa de la accionante debido a la actuación de los jueces en el proceso anterior, quienes no permitieron el adecuado ejercicio de la recusación y la inhibición, afectando así la legalidad del juicio de fondo. Se establece que el Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, al inhibirse, debió esperar el lapso de allanamiento antes de convocar a su suplente, lo que no ocurrió, cercenando el derecho de la parte accionante a manifestar su allanamiento. La Sala concluye que la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Accidental Primero de Primera Instancia fue emitida sin considerar adecuadamente los derechos procesales de la accionante, lo que justifica la anulación de los actos procesales previos. Finalmente, se ordena remitir el expediente al Juzgado Superior para los fines legales correspondientes, reafirmando la importancia del respeto a los derechos fundamentales en el proceso judicial.

La ciudadana INGRID SIRERA PASCAL, asistida por el abogado JAVIER E. ADRIAN T., al fundamentar la acción de amparo, expuso lo siguiente: Que en fecha 7 de agosto de 1997, el Juzgado de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, declaró con lugar la demanda que por cumplimiento de contrato de compraventa interpuso la ciudadana Ingrid Sirera Pascal (hoy accionante), contra la ciudadana Josefa Ramona Carreño de Brito. Asimismo, declaró sin lugar la reconvención planteada. Que en virtud de la apelación ejercida en fecha 14 de agosto de 1997 por la parte demandada contra el comentado fallo, la causa pasó al conocimiento del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, órgano ante el cual las partes presentaron sus respectivos escritos de informes. Que, posteriormente, estando la causa en etapa de dictar decisión, el Juez Titular del señalado Juzgado Segundo de Primera Instancia, en fecha 30 de marzo de 1998, se inhibió de conocer del asunto -por haber emitido opinión sobre el mismo- de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual ordenó remitir “en su oportunidad al Superior respectivo las copias conducentes para que se pronuncie sobre la inhibición; así como también se acuerda remitir el Expediente, para que siga conociendo de la causa, al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial”. Que por no haber ocurrido el allanamiento del Juez inhibido en el lapso legal respectivo, en fecha 7 de abril de 1998 se remitió el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, “a los fines de que disponga cual Tribunal competente ha de seguir conociendo la causa”. Que recibido el expediente en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 28 de abril de 1998, el Juez Titular del mencionado órgano jurisdiccional, se inhibió de conocer de la causa, por tener parentesco de consanguinidad con la apoderada judicial de la parte demandada (apelante en esa instancia), a tenor de lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual ordenó que “en su oportunidad legal, remítase las copias conducentes al Tribunal de Alzada, a los fines legales consiguientes, por cuanto el presente expediente llega a este Tribunal por inhibición del titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, convóquese al primer suplente de este Tribunal para que se avoque (sic) al conocimiento de la causa”. Que en esta oportunidad el Juez inhibido, al fundamentar su impedimento conforme a la causal antes indicada, la cual está referida al parentesco de consanguinidad con alguna de las partes, “grado de parentesco que por cierto, no llegó a indicar, ni con que persona física de las partes o sus apoderados existía ese vínculo de consanguinidad, impidiendo con ello la posibilidad de allanamiento a que se refiere el artículo 86 ejusdem, y tergiversando la tramitación que a esa incidencia debió dársele”, por lo que al procederse de esta manera, se violentó la manera como debía tramitarse la incidencia de inhibición, y con ello se afectó el derecho que le asistía a que la sustanciación del juicio en segunda instancia se realizara de la manera establecida en el ordenamiento jurídico, por lo que se lesionó el derecho a la defensa.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 1° de septiembre de 1998 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y de lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, en la que se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por INGRID SIRERA PASCAL, asistida por el abogado Javier E. Ardían T., contra “la tramitación y ulterior sentencia dictada por el Juzgado Accidental Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, de fecha veintinueve (29) de julio del presente año (...)”, por las razones expuestas en el presente fallo. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al referido Juzgado Superior a los fines legales consiguientes. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.