Sentencia N° 2142 — Sala Constitucional del TSJ, 14 de septiembre de 2004

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la defensora pública María Alejandra Machado en favor de Robert Ray Molina Acurero. La inadmisibilidad se fundamenta en que la accionante no cumplió con la carga de presentar la documentación requerida en el plazo establecido, lo que llevó a la Corte a considerar que la acción de amparo no era procedente. La Sala reafirma su competencia para conocer de estas apelaciones y consultas, y destaca la importancia de cumplir con los requisitos procesales establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala. De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando esta corresponda a los Juzgados Superiores, el Tribunal competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos, y así se declara. No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos de primera instancia de amparo, conforme la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 2 febrero de 2000 (caso: José Amando Mejías).

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Confirma la decisión dictada el 1º de septiembre de 2003, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, que declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada MARÍA ALEJANDRA MACHADO, Defensora Pública Quinta adscrita a la Unidad de Defensoría Pública Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en su carácter de defensora del ciudadano ROBERT RAY MOLINA ACURERO, contra la actuación del Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón. Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.