Sentencia N° 214 Constitucional TSJ 2001: Jose Gerardo Arias Chana vs Raul Orlando Jaimes Pacheco — Admisión de acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admite la acción de amparo constitucional interpuesta por José Gerardo Arias Chana contra la sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de Mérida, que confirmó una condena en costas por intimación de honorarios. La Sala considera que la acción cumple con los requisitos de admisibilidad y que existe riesgo de daños irreparables si se ejecuta la sentencia impugnada. Se ordena la suspensión de los efectos de la sentencia objeto de amparo hasta que se decida la acción.

En primer lugar, debe pronunciarse esta Sala Constitucional acerca de su propia competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional. A tal efecto se observa que, tal y como lo señaló esta Sala en su decisión de fecha 20 de enero del 2000 (caso Emery Mata Millán), corresponde a esta Sala Constitucional la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales. En tal sentido, y por cuanto la sentencia objeto de la presente acción fue dictada por un Tribunal Superior, la competencia para conocer del presente amparo corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y así se declara. En referencia a la admisibilidad de la acción, estima esta Sala que no se presentan las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo. Asimismo, se considera que el escrito presentado cumple con los requisitos mínimos indispensables para poder ser tramitado, establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo. En tal virtud, la presente acción de amparo ha de ser admitida, y así se decide. Respecto a la medida cautelar solicitada, en el presente caso estima la Sala que existe posibilidad cierta de que, de ejecutarse la sentencia objeto de la presente acción de amparo, surjan daños de difícil reparación por una eventual sentencia favorable al accionante en el procedimiento de amparo. En efecto, de embargarse y rematarse bienes pertenecientes al accionante, con motivo de la intimación, resultaría bastante difícil recuperar dichos bienes, y el amparo podría devenir en inútil.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSE GERARDO ARIAS CHANA contra la sentencia emanada en fecha 25 de julio de 2000 del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. En consecuencia, se ordena a la Secretaría de esta Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: 1°) Notificar al ciudadano JUAN LATOUCHE MARROQUI, Juez Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, para que concurra a enterarse del día y hora de la audiencia constitucional que fije la Secretaría de esta Sala, y a fin de que en su oportunidad exprese los argumentos que estime convenientes; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. 2°) Informar al ciudadano JUAN LATOUCHE MARROQUI, en su carácter antes mencionado, su deber de notificar al ciudadano abogado RAUL ORLANDO JAIMES PACHECO, quien interpuso la demanda de intimación declarada con lugar en primera instancia y finalmente confirmada por la sentencia objeto de la presente acción de amparo, para que concurra a enterarse del día y hora de la audiencia constitucional que fije la Secretaría de esta Sala, y a fin de que en su oportunidad exprese los argumentos que estime convenientes; a la notificación en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. El referido Juez deberá hacer saber inmediatamente a esta Sala sobre el cumplimiento de este mandamiento. 3°) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem. 5°) Fijar la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga de la presente decisión. Se ACUERDA la medida cautelar innominada solicitada y consecuentemente se suspenden los efectos de la sentencia dictada en fecha 25 de julio de 2000, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el cual se abstendrá de proceder a su ejecución.