Sentencia N° 212 Constitucional TSJ 2000: Regalos Coccinelle, C.A. — Desalojo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados de REGALOS COCCINELLE, C.A. contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado inadmisible su acción de amparo. La Sala concluyó que la Corte Primera había incurrido en usurpación de funciones al dictar el fallo que ordenaba el desalojo, ya que la ejecución de actos administrativos corresponde a la administración y no a los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, se declaró con lugar la acción de amparo y se anuló la sentencia impugnada.

Una vez realizada la audiencia constitucional, y analizados los escritos consignados por las partes, la Sala observa que, sobre los nuevos agravios constitucionales que originaron la presente acción de amparo, de que se trataba de un proceso tramitado en fraude a la Ley, en vista de que Inversora El Rastro C.A., quien ha incoado la acción no tiene cualidad para ello, la Sala advierte que dicho argumento ya fue planteado y resuelto en la instancia, por lo que mal puede existir un nuevo agravio como resultado de la sentencia en ese sentido. En cuanto a la violación del derecho a la defensa aducido por los accionantes, de su propia intervención, la Sala concluye que no hay violación en ese sentido, ya que los accionantes actuaron durante el proceso que produjo la decisión impugnada. En cuanto a la violación del principio dispositivo, la Sala apunta, que tal principio no constituye un postulado constitucional, y que para que exista una violación al debido proceso, se requiere que haya habido indefensión del accionante, lo que no observa la Sala en el presente caso. En cuanto al argumento de que el acto impugnado fue reeditado, y que el amparo era inadmisible por tratarse del mismo acto de 1995, por lo que operaba la caducidad prevenida en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala observa que dicho punto también fue juzgado en segunda instancia por la sentencia impugnada. Ahora bien, observa la Sala, que el fallo impugnado ordenó el desalojo del local comercial ocupado por Regalos Coccinelle; C.A., y que así mismo ordenó el pago a favor de Promociones La Pintoresca C.A., de todas las obligaciones que se derivan de la relación contractual entre el accionante y Promociones La Pintoresca C.A. Considera la Sala, que las denuncias de esas infracciones si se refieren a agravios constitucionales no juzgados, de los cuales adolece la sentencia impugnada, ya que al ordenar la decisión cuestionada el desalojo y declararse la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo competente para cumplirlo, invade el campo de la administración, ya que como se expresó esta Sala en fallo del 3 de agosto de 2001: “Además, constituye un principio indiscutible en el derecho administrativo la circunstancia de que el órgano que dictó el acto, puede y debe él mismo ejecutarlo, recogido como principio general en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en cuyo contenido se expresa: Artículo 8.- Los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución, deberán ser ejecutados por la administración en el término establecido. A falta de este término, se ejecutarán inmediatamente. Asimismo, en ese mismo texto normativo se establece cómo debe realizarse la ejecución forzosa de los actos dictados en caso de incumplimiento: Artículo 79.- La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la propia administración salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial. Considera esta Sala conveniente referirse a la cuestión relativa a la ejecución de los actos dictados por la Administración en materia inquilinaria, en el caso de conflictos intersubjetivos planteados, también con ocasión de una relación jurídica de carácter privado derivada de la celebración de un contrato de arrendamiento, comparable con la situación planteada en autos, referida al ámbito laboral, por la participación que posee el Estado en este tipo de relaciones y la potencial resolución de conflictos por parte del mismo, cuando actúa en ejercicio de funciones análogas a la realizada por los Tribunales, cumplida a través de la Administración Pública. La cuestión ha sido examinada por la jurisprudencia, en una oportunidad, por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en una famosa decisión, del 21 de noviembre de 1989, conocida como caso: Arnaldo Lovera. En dicha decisión se expresó: “Por estar dotado de ejecutoriedad el acto administrativo adoptado en los términos expuestos, no requiere de homologación alguna por parte del juez: la ejecución de dicha decisión opera por su propia virtualidad, y con los mismos efectos, para el caso, de una sentencia judicial, además téngase presente que, en tanto que la ley especial de la materia no exige la intervención de los tribunales para proceder a su ejecución cuando a ésta se opusieran los afectados, no precisa en cambio el órgano administrativo de habilitación alguna para llevarla a cabo por sí mismo, pues como se ha dejado expuesto, le basta -por regla- con disponer de los ya reseñados medios que, para lograr tal propósito, establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”. En consecuencia no podía la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo asumir la ejecución del acto administrativo y así se declara. Además, tampoco podía la sentencia impugnada, ordenar a los hoy accionantes, la entrega del inmueble a Promociones La Pintoresca C.A., solvente de pago de todas aquellas obligaciones que se deriven de la relación contractual, ya que con tal declaración no se restablece ninguna situación jurídica, sino más bien se constituye una, lo que no es de la naturaleza de la acción de amparo. Con relación a la petición en la audiencia del tercero coadyuvante, de que se determine quien y cómo debe ejecutar la resolución N° 0553 de la Dirección General Sectorial de Inquilinato del 06 de marzo de 1995, la Sala ordena a dicha Dirección que proceda a ejecutar el acto, conforme a lo señalado en este fallo.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados LELIS ORTÍZ VERHOOKS y AZAEL SOCORRO MORALES, apoderados judiciales de REGALOS COCCINELLE, C.A., contra sentencia dictada el 24 de mayo de 2001, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Se anula la señalada sentencia, pero como esta Sala está resolviendo quién es el órgano competente para la ejecución, no se hace necesario dictar nuevo fallo en la segunda instancia, ni esperar la decisión de la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia contenida en el expediente 01-9500. Estas declaraciones las hace la Sala en aplicación del estado social de derecho y de justicia contemplados en los artículos 2 y de los principios del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se exonera en costas al tercero coadyuvante. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.