Sentencia N° 2092 — Sala Constitucional del TSJ, 12 de diciembre de 2025

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en respuesta a una acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Alexandra Catalina García Chacón contra una decisión del Tribunal Superior Primero en lo Civil, que había declarado parcialmente con lugar un recurso de apelación interpuesto por la sociedad Olilia, C.A. La Sala declaró procedente el amparo, anulando la decisión impugnada y confirmando la inadmisibilidad de la demanda interpuesta por caducidad, conforme al artículo 1.547 del Código Civil. La sentencia enfatiza la importancia de la seguridad jurídica y el principio de irretroactividad de la ley, estableciendo que la normativa aplicable es la vigente al momento de la venta del inmueble en cuestión.

Esta [s]uperioridad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Norma Adjetiva Civil, procede hacer pronunciamiento sobre los vicios formulados en los informes presentados por la parte demandante y recurrente, de la manera como continúa: 1.- VICIO DE FALTA DE APLICACIÓN DE NORMA JURÍDICA VIGENTE: Aduce la parte recurrente: - Que el juez de instancia estableció la caducidad del lapso para ejercer el retracto legal arrendaticio de su representada basándose en el artículo 1.547 del Código Civil, dejando de lado el lapso establecido en el artículo 39 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que establece que el lapso para ejercer el retracto será de 6 meses, configurándose la falta de aplicación por parte del juez de la normativa vigente para el establecimiento del lapso de caducidad para ejercer el retracto legal, lo que acarrea en todo caso la nulidad de la sentencia apelada para restablecer los derechos de su representada. Ante tal escenario, quien aquí dilucida estima importante invocar lo expuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, así: [Sala de Casación Civil, fallo de fecha 03-05-2024, exp. n.° AA20-C-2023-000654] (…) Omissis (…) Ahora bien, la parte recurrente arguye la falta de aplicación por parte del juez de la normativa vigente para el establecimiento del lapso de caducidad para ejercer el retracto legal, dado que, el juez de instancia estableció la caducidad del lapso para ejercer el retracto legal arrendaticio basándose en el artículo 1.547 del Código Civil, y no según lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Con el fin de dilucidar sobre la defensa propuesta, esta Superioridad amerita invocar de lo dispuesto por la Máxima Instancia de la Jurisdicción, lo que continúa: [Sala de Casación Civil, fallo de fecha 14-07-2023, exp. AA20-C-2022-000227] (…) Omissis (…) En el caso de marras, es necesario indicar que, en el fallo proferido por el juzgado a quo se hizo mención: (…) Omissis (…) Ahora bien, estamos en presencia de la acción por retracto legal arrendaticio, interpuesta por la [s]ociedad [m]ercantil [c]ompañía [a]nónima OLILIA representada por su [d]irector el ciudadano ANTONIO JOSÉ MANUEL TEJIDO BERNARDEZ, contra los ciudadanos CLAUDIA ALEXANDRA CATALINA GARCÍA CHACÓN y HORTUN GARCÍA CHACÓN, con el carácter de compradores del inmueble objeto de la demanda. Acción que fue admitida en fecha 13 de marzo de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. No obstante, ante la reforma de la demanda acaecida el 24 de mayo de 2023, se admitió la reforma de la demanda el día 30 de mayo de 2023, según el artículo 43 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario Para el Uso Comercial. En consecuencia, se acordó la citación de los ciudadanos CLAUDIA ALEXANDRA CATALINA GARCÍA CHACÓN y HORTUN GARCÍA CHACÓN, con el carácter de compradores del inmueble objeto de la demanda, y herederos de los ciudadanos: ALICIA CHACÓN DE GARCÍA y JUAN TOMAS GARCÍA TAMAYO (vendedores); y NAILA PACHECON CHACÓN y ROXANA CLARA EUGENIA ANASTIA GARCÍA DE VELUTINI como herederas de los ciudadanos ALICIA CHACÓN DE GARCÍA y JUAN TOMAS GARCÍA TAMAYO (vendedores). Así las cosas, tenemos que, según lo establecido por el Máximo Tribunal de la República, en lo relativo a la aplicación de la norma que instituye la caducidad de la acción ante el ejercicio del retracto legal arrendaticio; es desde el momento en que se interpuso la demanda. En el caso sub iudice, la acción primigenia se intentó el día 15 de diciembre de 2022; esto es, estando en vigencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicado en Gaceta Oficial N° 40.418, del 23 de mayo de 2014. Y si bien, hubo la reforma a la demanda la cual fue consignada el día 24 de mayo de 2023; ello, aconteció en vigor del decreto aludido. Por ende, es lógico colegir que, en este caso, la norma aplicable en cuanto a la caducidad de la acción ante el ejercicio del retracto legal arrendaticio; se encuentra establecida en el artículo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Y no, como mal lo dispuso el [j]uzgado de la [c]ausa, en el artículo 6 del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas (derogado) en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.547 de la Ley Sustantiva Civil. A tal efecto, es forzoso para quien aquí dilucida el tener que declarar la procedencia del vicio formulado. Y así decide.

Se declara procedente in limine litis el amparo constitucional interpuesto, y se anula la decisión impugnada en esta sede constitucional así como todas las actuaciones procesales siguientes a dicha decisión; y dada la evidente caducidad de la demanda de retracto legal a que se refiere el caso de autos, resulta inútil la reposición para una nueva decisión, por lo que queda firme la decisión dictada en fecha 27 de junio de 2023 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira que inadmitió la demanda interpuesta.