Sentencia N° 2087 Constitucional TSJ 2001: Lisbeth García, Aurelia Montenegro, Luis… vs Juzgado de Control n° 5 del Circuito…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre un amparo constitucional interpuesto por varios ciudadanos contra medidas precautelativas dictadas por un Juzgado de Control. La Corte de Apelaciones había declarado con lugar el amparo, argumentando violaciones al debido proceso. La Sala Constitucional confirma esta decisión, señalando que las medidas cautelares fueron dictadas sin el debido proceso, afectando los derechos de defensa de los ciudadanos involucrados.

El presente amparo constitucional intentado por los ciudadanos Lisbeth García, Aurelia Montenegro, Luis Freddy Bolívar, Pablo Brito, Iliana Marchena, David Ayala Tovar, Alí Ayala, Maite Solymar González Tovar, Jesús A. Martín, Josefina Guzmán B., Blanco Santiago, Solórzano A. Mercedes, Blanco Araujo Xiomara, Ligia Montenegro, Yelitze Peña Ayala, Edivia Ayala, Yoenys Mendoza y Carmen Montenegro, asistidos por la abogada Ana Isabel Pérez Verduga está dirigido contra la decisión judicial dictada por el Juzgado de Control n° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, el 22 de mayo de 2001, en la cual se decretaron las siguientes medidas precautelativas: 1) Desalojo de todas las personas que invadieron la Hacienda La Esmeralda, ubicada dentro de los linderos del Parque Nacional Henry Pittier; 2) Una vez efectuado el desalojo se procederá a la demolición de los ranchos, así como el retiro de todo el material que se encuentre dentro de los linderos del Parque. En consecuencia, esta Sala considera que se trata de un amparo contra decisión judicial, cuyos requisitos de procedencia están previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que a la letra dice: “Artículo 4.- Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”.

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano Danilo Baltazar Anderson, Fiscal Cuarto con Competencia Ambiental a nivel Nacional, contra la sentencia del 3 de julio de 2001, proferida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua. 2.- CONFIRMA la prenombrada decisión, en la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Lisbeth García, Aurelia Montenegro, Luis Freddy Bolívar, Pablo Brito, Iliana Marchena, David Ayala Tovar, Ali Ayala, Maite Solymar González Tovar, Jesús A. Martín, Josefina Guzmán B., Blanco Santiago, Solórzano A. Mercedes, Blanco Araujo Xiomara, Ligia Montenegro, Yelitze Peña Ayala, Edivia Ayala, Yoenys Mendoza y Carmen Montenegro, asistidos por la abogada Ana Isabel Pérez Verduga, contra la medida precautelativa dictada el 22 de mayo del 2001, por el Juzgado de Control n° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua. 3.- Dado el carácter de orden público que la tutela del interés medioambiental exige, la Sala ordena remitir el expediente, vía distribución, a un nuevo Juzgado de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, a fin de que proceda conforme lo dispone el artículo 24 de la Ley Penal del Ambiente, en concordancia con los artículos 16, 22 y 1 eiusdem, si a ello hubiere lugar.