Sentencia N° 2079 Constitucional TSJ 2001: Salvador Morakis Skokera y María Antoniadis… vs Pablo Bertilio Trujillo Ramos e…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre un recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos Salvador Morakis Skokera y María Antoniadis de Morakis, quienes habían solicitado un amparo constitucional contra una sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil. La acción de amparo fue declarada improcedente por el Juzgado Superior Accidental, lo que motivó la apelación. La Sala analizó la competencia y la naturaleza de la acción de amparo, concluyendo que no hubo violación de derechos constitucionales y que la decisión del Juzgado Superior era acertada.

En la decisión del 28 de febrero de 2001, el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta declaró improcedente la acción de amparo, dándole una calificación de amparo sobrevenido, y en ella se expresa lo siguiente: Que, no constituye una violación directa de los derechos contenidos en el artículo 26 de la Constitución, el exigir a la parte actora consignar lo expresado por el artículo 494 del Código de Comercio. Así se puede observar en los criterios que impone la sentencia del 27 de julio de 2000 (Caso: Segucorp), donde se indica que los errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales no necesariamente generan amparos, los mismos, sólo se generan cuando los errores hagan nugatoria la Constitución. Que, la sentencia del 14 de diciembre de 2000 de la Juez de primera instancia, que cumplió con los lineamientos impartidos por la decisión del 8 de noviembre de 2000 del Juzgado Superior, no vislumbra una “violación o amenaza de violación de los derechos contenidos en el artículo 26 de la Carta Magna, porque no se ha impedido a los accionantes el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses; ni se ha menoscabado la tutela efectiva de sus derechos e intereses, ni el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente”. Que, “No puede el juez de amparo hacer esas revisiones de derecho ordinario, salvo que se trate de una infracción directa de la Constitución y, en el caso de autos, no existe tal infracción directa de norma constitucional”. Que, con respecto a los daños y perjuicios producidos por la juez en su decisión del 14 de diciembre de 2000, se declaró que es inadmisible la acción de amparo constitucional, ya que los mismos constituyen una evidente situación irreparable, siendo imposible el restablecimiento de la situación jurídica infringida, así lo dispone el numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara Sin Lugar el recurso de apelación ejercido por los abogados Carlos Sánchez Vegas y Leopoldo Lovera Vegas, actuando en representación de los ciudadanos Salvador Morakis Skokera y María Antoniadis de Morakis y, en consecuencia, se confirma la decisión dictada el 28 de febrero de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.