Sentencia N° 2073 Constitucional TSJ 2001: Teresa de Jesús Valera Marín vs Luis Miquilena — La inadmisibilidad de la acción de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo interpuesta por Teresa de Jesús Valera Marín y Cruz Elvira Marín contra el Ministro del Interior y Justicia, Luis Miquilena, por la supuesta violación de sus derechos constitucionales. La Sala determina su competencia y analiza las denuncias de las accionantes, concluyendo que el Ministro carece de atribuciones para atender el pedido de las demandantes. La decisión se fundamenta en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La Sala observa que se le imputa la violación del derecho a la oportuna respuesta de las accionantes, con ocasión de la omisión de pronunciamiento en que ha incurrido respecto del pedimento planteado por aquéllas, relativo a la supuestas irregularidades en que incurrió el Registrador Subalterno de los Municipios Brión y Eulalia Buroz del Estado Miranda, las cuales fueron discriminadas en el capítulo respectivo de este fallo. A este respecto, a pesar que la denuncia planteada fue realizada en términos escuetos, debe deducirse del petitorio del libelo que la parte actora considera vulnerado el derecho invocado, en la medida en que el referido funcionario ha omitido ordenar al Registrador Subalterno de los Municipios Brión y Eulalia Buroz del Estado Miranda, insertar la sentencia de prescripción adquisitiva veintenal tantas veces referida en este fallo, en el Protocolo Primero de los libros respectivos, no obstante la existencia de diversas peticiones formales realizadas a tal efecto por la parte actora. Visto tal alegato, corresponde analizar el contenido del derecho cuya violación ha sido supuestamente delatada, el cual se encuentra recogido en el artículo 51 del Texto Fundamental, en los siguientes términos: "Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo". La disposición transcrita, por una parte, consagra el derecho de petición, cuyo objeto es permitir a los particulares acceder a los órganos de la Administración Pública a los fines de ventilar los asuntos de su interés en sede gubernativa. Asimismo, el artículo aludido, contempla el derecho que inviste a estos particulares de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial. Sin embargo, el mismo texto constitucional aclara que el derecho de petición debe guardar relación entre la solicitud planteada y las competencias que le han sido conferidas al funcionario público ante el cual es presentada tal petición.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo incoada por las ciudadanas Teresa de Jesús Valera Marín y Cruz Elvira Marín, ut supra identificadas, en contra del ciudadano Luis Miquilena, Ministro del Interior y Justicia.