Sentencia N° 2065 Constitucional TSJ 2001: José Vicente Orta Maiquetía vs María Teresa Liccioni de Huncal

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia del Juzgado Superior Civil que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por José Vicente Orta Maiquetía. La decisión se basa en la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, al no haberse seguido el procedimiento adecuado para la práctica de la prueba de cotejo en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento. La Sala destaca que el juez de la causa no permitió la participación de las partes en la designación de los expertos, lo que constituye una subversión del procedimiento legal.

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir la presente consulta y al respecto observa: De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales la acción de amparo constitucional procede cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En el caso examinado, la acción de amparo constitucional fue propuesta, fundamentalmente, por la supuesta violación del derecho a la defensa y al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el cual decidió el recurso de apelación ejercido por el accionante en el juicio relativo a una demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento interpuesta en su contra, sin ordenar la reposición de la causa -seguida en el Juzgado Tercero del Municipio Heres del Primer Circuito de la misma circunscripción judicial- al estado de que fuera practicada nuevamente la prueba de cotejo promovida por la parte actora. Al respecto, aprecia esta Sala que el mencionado Juzgado de Municipio, admitió la referida prueba de cotejo y acordó oficiar al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, con el objeto de que la misma fuera practicada por funcionarios de ese organismo, sin tomar en cuenta las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento Civil en esta materia, concretamente los artículos 446, 452 y 454, conforme a los cuales una vez admitida la prueba el juez debe fijar una hora del segundo día siguiente para proceder al nombramiento de los expertos, debiendo concurrir las partes en esa oportunidad para manifestar si acuerdan designar un solo experto o si cada parte nombrará uno y el juez un tercer experto.

Por tales circunstancias, se deja sin efectos la sentencia dictada en fecha 08 de noviembre de 2.000 dictada (sic) por el Juez Temporal con Juez Itinerante para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito, del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y así se dispondrá en el dispositivo del presente fallo, y a su efecto se declara procedente la reposición de la causa al estado de que se cumplan las normas de procedimiento legales en cuanto a la realización de la prueba de cotejo.