Sentencia N° 2062 — Sala Constitucional del TSJ, 29 de julio de 2005

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la sentencia del Juzgado Superior Noveno que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por Maritza Antonia Guaramato contra una decisión anterior. La Sala argumenta que la parte demandante no cumplió con los requisitos procesales necesarios para la procedencia del amparo, y que se garantizó su derecho a la defensa durante el proceso. Se concluye que no hubo violación de derechos constitucionales en la decisión del juzgado inferior.

La acción de amparo constitucional se ha concebido como un mecanismo procesal de impugnación de decisiones judiciales, revestido de características particulares que lo diferencian de las demás acciones de amparo. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señala que procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia que lesione un derecho constitucional. En el presente caso, la parte accionante no ejerció los medios previstos en nuestro ordenamiento jurídico para atacar la consignación en copias fotostáticas del contrato de arrendamiento, lo que implica que la decisión objeto de amparo no es violatoria de garantías constitucionales.

CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 26 de abril de 2004, que declaró improcedente el amparo incoado por la ciudadana Maritza Antonia Guaramato, asistida por la abogada Mirna Rivera contra la decisión dictada el 9 de julio de 2003, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.