Sentencia N° 206 Constitucional TSJ 2000 — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional se pronunció sobre una acción de amparo constitucional presentada por los fiscales del Ministerio Público, alegando violaciones a los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. Se argumentó que la revocación de medidas cautelares por parte de un juez se realizó sin notificación al Ministerio Público, lo que vulneró el derecho a la defensa. La Sala decidió ordenar a los fiscales que corrigieran el amparo en un plazo determinado, advirtiendo que la falta de corrección llevaría a la inadmisibilidad de la acción.

Esta Sala Constitucional, una vez realizada la lectura detenida del escrito contentivo de la presente acción de amparo, en el cual la parte accionante no distingue quién es el presunto agraviante de los derechos constitucionales que invoca como lesionados, esto es, si se trata de la Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas o si es el Presidente de la misma, doctor CLARENCIO ANTONIO CASTAÑEDA, estima que para determinar su competencia para conocer del amparo, se requiere notificar a la parte accionante para que en el término de cuarenta y ocho (48) contadas a partir de que conste en autos su notificación, señale con precisión contra quien dirige el presente amparo, y si el mismo ha sido ejercido contra una decisión judicial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 y 6 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se ORDENA a los abogados JUDITH LIENDO DE LINAREZ y PEDRO EDUARDO SANOJA BETANCOURT, actuando en su carácter de Fiscal Cuarto del Ministerio Público ante las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal Segundo del Ministerio Público a nivel nacional y a los referidos Fiscales, para que procedan a la corrección del presente amparo constitucional en los términos expuestos y acompañen a dicha corrección los oficios y autos que en el petitorio del amparo solicitan se dejen sin efecto, dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de que conste en autos su notificación, con la advertencia de que la falta de corrección acarreará la declaratoria de inadmisibilidad de la presente acción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.