Sentencia N° 204 Constitucional TSJ 2000: Maira Lugo — Acción de amparo constitucional interpuesta por Maira Lugo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Maira Lugo, en contra de una medida cautelar de co-administración dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Zulia. La Sala consideró que se había lesionado el derecho al debido proceso de la accionante, ya que no todas las partes fueron citadas para la dictación de la medida cautelar. Además, se argumentó que la medida cautelar otorgaba por adelantado lo que se solicitaba en el juicio principal, lo que no era procedente.

Visto lo antes expuesto, puede observar esta Sala, que los puntos fundamentales sobre los cuales versa la apelación interpuesta por los perdidosos en el amparo, es determinar, si la decisión emanada del Juzgado de Primera Instancia, mediante la cual decretó la medida cautelar innominada lesionó el derecho al trabajo y al debido proceso del accionante. Al respecto, pasa este máximo Tribunal a realizar las siguientes consideraciones: Por una parte, la sentencia consultada estimó lesionado el derecho al debido proceso del accionante, ya que la medida cautelar innominada de co-administración objeto del amparo, fue dictada sin que todas las partes hubieran sido citadas. Al respecto observa este máximo Tribunal, que las medidas cautelares innominadas, se rigen por los principios generales de las medidas cautelares nominadas, sólo que se diferencian de éstas por su contenido, ya que el juez no se encuentra limitado en relación con el tipo de decisión que puede adoptar, sino que puede, en ejercicio de su poder cautelar general y según su prudente arbitrio, dictar una decisión no tipificada en el ordenamiento jurídico. En este sentido, las medidas cautelares innominadas, son igualmente temporales e instrumentales en relación con la decisión definitiva y tienden a prevenir el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo y evitar que una de las partes puede causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. Así las cosas, son requisitos de procedencia de estas medidas, que deberá apreciar el juez según su prudente arbitrio, la existencia del riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), y la presunción de buen derecho (fumus boni iuris). En este sentido, el juez puede, luego de comprobar las circunstancias anotadas, dictar medidas cautelares innominadas sin que las partes hayan sido citadas -lo que también sucede con las medidas nominadas- circunstancia que en muchas ocasiones es de vital importancia para la eficacia de la medida, pudiendo en todo caso la parte afectada ejercer posteriormente su derecho a la defensa.

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia apelada dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia de fecha 25 de enero del año 2000, y en consecuencia la administración de las empresas Distribuidora de Lubricantes S.A. (DISLUSA), Marina del Zulia, S.A. (MARZUSA), y Agropecuaria Palo Alto, C.A, deberá ser ejercida en forma prevista en la medida cautelar innominada dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 22 de enero de 1996.