Sentencia N° 2029 Constitucional TSJ 2001: Eliécer Peña Granda vs Juez Trigésimo Tercera en lo Penal — La inadmisibilidad de la…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad de una demanda de amparo constitucional interpuesta por Eliécer Peña Granda en representación de René Frangie Gitani. La demanda se basaba en la supuesta violación del derecho a la libertad personal debido a una detención preventiva ordenada por la Juez Trigésimo Tercera de Primera Instancia en lo Penal. La Sala consideró que la Juez no había actuado fuera de su competencia y que la acción de amparo no era procedente.

La presente demanda se fundamenta en la infracción de la garantía de la libertad personal, en razón de que, conforme lo expone el agraviado, la Juez de la decisión impugnada ordenó una medida preventiva privativa de libertad, siendo que su competencia, en este particular, se limitaba a las de detención decretadas conforme a lo previsto en el artículo 182 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal. Ahora bien, del análisis del contenido de las presentes actuaciones es imposible extraer la conclusión de que dicha medida privativa de libertad ejecutada en contra de la persona del agraviado de autos hubiera sido decidida por la Juez de la decisión impugnada en este proceso. En efecto, alega el legitimado activo (folio 1) que la Juez señalada como agraviante ordenó la práctica de una visita domiciliaria en la sede de la persona jurídica antes mencionada, mas no que la orden se extendiera a la práctica de medidas privativas de libertad personal. Por su parte, la presunta agraviante, en la información que, conforme a la Ley, presentara al juez constitucional (folio 09), señala que la detención del ciudadano René Tanous Fragie (sic) Gitani “fue practicada a raíz de las investigaciones que realiza el mencionado Departamento por orden de este Tribunal”; sin embargo, en ningún caso, admite haber autorizado la medida privativa que fundamenta la presente acción de amparo. Por otra parte, aprecia esta Sala que el órgano comisionado para practicar la narrada medida ordenada por la juez que aparece señalada como agraviante es de los que aparecen señalados, como órganos auxiliares de policía judicial, en el artículo 8º de la ley de la materia, hoy derogada por la Ley de Policía de Investigaciones Penales. La competencia de los mencionados organismos se encuentra determinada en el artículo 10 eiusdem, el cual, además, conjuntamente con el artículo 45 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, desarrolla el principio consagrado en el artículo 60, ordinal 1º, último párrafo, de la derogada Constitución Nacional de 1961, de acuerdo con los cuales la autoridad policial, ante la convicción de haberse cometido un hecho punible, podía adoptar las medidas provisionales, de necesidad o urgencia, necesarias, inaplazables e indispensables para asegurar la investigación del hecho y el enjuiciamiento de los culpables, sin omitir la obligación que tenía la autoridad actuante como órgano de policía judicial, de hacer la respectiva remisión al Juez competente, que fue lo que, presumiblemente y en definitiva, con base en las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, hizo la señalada autoridad. En todo caso, como quiera que esta última no es quien aparece imputada como agraviante en el presente proceso, sino la entonces Juez Trigésimo Tercera de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y es la actuación de este funcionario la que debe ser evaluada, a los fines de decidir la consulta de autos, esta Sala hace las siguientes consideraciones previas: Según consta del escrito mediante el cual fue interpuesta la presente demanda de amparo, el legitimado activo fue privado de su libertad, “en horas de la noche” (sin mayor precisión) del día 02 de mayo de 1994. En fecha 05 de mayo de 2000, al precitado escrito se le dio entrada en el tribunal constitucional, que lo era, en este caso, el Juzgado Superior Vigésimo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, en la misma fecha, recibió, de la juez presunta agraviante, respuesta a la respectiva solicitud de información que le fuera remitida por aquél, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Ahora bien, el artículo 75-H del extinto Código de Enjuiciamiento Criminal señalaba un lapso de noventa y seis horas, contado a partir de que le fuera remitida la persona detenida, para resolver acerca de tal detención. En el caso de autos, puede concluirse que, para la fecha en la cual la juez imputada rindió su referido informe al juez constitucional, competente como era para conocer y decidir acerca de la medida policial de privación preventiva de libertad de quien aparece señalado como víctima en este proceso, aún se encontraba dentro el plazo legal dentro para emitir su pronunciamiento. Mal puede, en consecuencia, imputársele a la presunta agraviante el agravio que se le imputa, no sólo porque, como ha quedado expuesto, no fue ella quien acordó la referida medida privativa de libertad, sino porque, de acuerdo con la ley aplicable, aún disponía de tiempo para decidir con respecto de dicha medida y así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia dictada por el Tribunal Superior Vigésimo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 6 de mayo de 1994 y declara INADMISIBLE la demanda de amparo constitucional ejercida por el abogado Eliécer Peña Granda en representación judicial de RENÉ FRANGIE GITANI contra la Juez Trigésimo Tercera en lo Penal de la misma Circunscripción Judicial. Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.