Sentencia N° 2023 Constitucional TSJ 2001: MIGUEL ANTONIO ALBORNOZ RODRÍGUEZ y ROSALBA… vs Junta de Regulación Financiera

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por los ciudadanos Miguel Antonio Albornoz Rodríguez y Rosalba Marcano de Albornoz contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró improcedente su acción de amparo constitucional. La Sala determinó que no había transcurrido el tiempo necesario para considerar que hubo omisión de respuesta por parte de la Junta de Regulación Financiera, lo que llevó a concluir que no se materializó la lesión a los derechos constitucionales denunciados por los apelantes. En consecuencia, se declaró sin lugar la apelación y se confirmó la sentencia apelada.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente apelación, para lo cual previamente debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa: En sentencias del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán) y 8 de diciembre de 2000 (caso Yoslena Chanchamire Bastardo), esta Sala estableció que le corresponde conocer y decidir las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que decidan acciones de amparo en primera instancia. Visto que la decisión apelada emana de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido contra la Junta de Regulación Financiera, esta Sala Constitucional, coherente con el criterio establecido en los fallos antes mencionados, se declara competente para conocer de la presente apelación, y así se decide. Precisado lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de la presente apelación y, al respecto, observa que estamos en presencia de una acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos Miguel Antonio Albornoz Rodríguez y Rosalba Marcano de Albornoz, con fundamento en la violación de los derechos de petición, de libre asociación, de libertad económica y de propiedad, consagrados en los artículos 51, 52, 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de la Junta de Regulación Financiera, pues, en criterio de los accionantes, dicho organismo se abstuvo de dar respuesta oportuna a la solicitud que le fue dirigida el 2 de agosto de 2000, mediante la cual se requirió, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, la exclusión de la compañía M.A.R. C.A. (MARCA), “como relacionada con el GRUPO FINANCIERO CONSTRUCCIÓN, por cuanto no existen ni existieron las circunstancias fácticas para su intervención”.

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por los abogados Manuel Solórzano Hernández y Juan José Figueroa Torres, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MIGUEL ANTONIO ALBORNOZ RODRÍGUEZ y ROSALBA MARCANO DE ALBORNOZ, antes identificados. SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 31 de octubre de 2000. TERCERO: IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Manuel Solórzano Hernández y Juan José Figueroa Torres, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos MIGUEL ANTONIO ALBORNOZ RODRÍGUEZ y ROSALBA MARCANO DE ALBORNOZ, contra la omisión de oportuno pronunciamiento de la Junta de Regulación Financiera, con respecto a la solicitud de exclusión de M.A.R, C.A. (MARCA) como compañía relacionada con el GRUPO FINANCIERO CONSTRUCCIÓN.