Sentencia N° 1997 Constitucional TSJ 2001: ROCCO CIMINO D’ELIA y LUIGI DE VITA ALARIO vs Directora de Hacienda del Municipio…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar la demanda de amparo interpuesta por Rocco Cimino D’Elia y Luigi de Vita Alario contra la Directora de Hacienda del Municipio Naguanagua. Los demandantes alegaron la violación de sus derechos a la propiedad y la seguridad jurídica debido a la negativa de la administración tributaria municipal a expedir los certificados de solvencia necesarios para la venta de sus apartamentos, bajo el argumento de que debían pagar un impuesto sobre patente de industria y comercio. La Sala considera que esta negativa vulnera los derechos de los demandantes, ya que cumplían con los requisitos para obtener la solvencia del impuesto sobre inmuebles urbanos.

Para decidir respecto de la sentencia objeto de consulta, la Sala observa lo siguiente: En primer término, de la parte dispositiva del fallo consultado, específicamente del punto “tercero”, se evidencia que dicha decisión violó lo previsto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, por ser la misma condicional. En efecto, el fallo expresa: “TERCERO: Transcurridos los lapsos concedidos sin que la Alcaldía del Municipio Naguanagua del Estado Carabobo haya dado cumplimiento al mandamiento contenido en esta decisión, téngase la presente sentencia como Certificado de Solvencia Municipal relativo al impuesto sobre inmuebles urbanos a los solos efectos de la protocolización de los documentos de compra venta o de propiedad a los apartamentos (...) del Conjunto residencial ‘Las Bahamas’ (...)”. De la anterior transcripción se desprende la condición suspensiva a que está sometida la sentencia consultada, toda vez que establece que, en caso de que la Alcaldía del Municipio Naguanagua del Estado Carabobo no dé cumplimiento al mandamiento de amparo, la decisión se tendrá como el certificado de solvencia solicitado por los demandantes. Tal decisión constituye una violación al artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual procede la declaratoria de nulidad del fallo, con fundamento en el citado artículo. Así se decide. La Sala observa que el tribunal a quo actuó como si la pretensión analizada se tratara de un amparo tributario, medio que, conforme a lo establecido en el artículo 217 del Código Orgánico Tributario, sí permite que a la Administración Tributaria se le fije un término para que realice el trámite o diligencia que no ha realizado oportunamente y que, en caso de inejecución, se releve al contribuyente del trámite o diligencia omitidos por aquélla, pero que no resultaba aplicable al caso de autos por no tratarse de un amparo tributario. En efecto, los artículos 215 y 217 del Código Orgánico Tributario rezan: “Artículo 215: Procederá la acción de amparo cuando la Administración Tributaria incurra en demoras excesivas en resolver sobre peticiones de los interesados y ellas causen perjuicios no reparables por los medios procesales establecidos en este Código o en leyes especiales.” “Artículo 217. Si la acción apareciere razonablemente fundada, el Tribunal requerirá informes sobre la causa de la demora y fijará un término breve y perentorio para la respuesta. Vencido el plazo, el Tribunal dictará la resolución que corresponda en amparo del derecho lesionado, dentro de cinco (5) días hábiles. En ella fijará un término a la Administración Tributaria para que realice el trámite o diligencia o dispensará del mismo al actor, previo afianzamiento del interés fiscal comprometido.” Así, por cuanto el hecho lesivo denunciado en el caso de autos no es una demora excesiva sino una negativa expresa como respuesta a la petición del contribuyente, la situación de autos no encuadra en el supuesto de hecho de la norma que consagra el amparo tributario y, por tanto, resulta de elemental inteligencia inferir que el mandamiento de tutela constitucional no puede tener el contenido previsto, para el amparo tributario, por el artículo 217 del Código Orgánico Tributario. Así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de amparo ejercida por los ciudadanos ROCCO CIMINO D’ELIA y LUIGI DE VITA ALARIO, representados por los abogados Luis Bouquet León, Alejandro Bouquet Guerra y Aniello De Vita Canabal, contra la Directora de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Naguanagua del Estado Carabobo. En consecuencia, se ordena a la Directora de Hacienda del Municipio Naguanagua del Estado Carabobo expedir la constancia de solvencia del referido impuesto municipal y ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 2 de junio de 1999.